El derecho a decidir

El derecho a decidir es una expresión calidoscópica con muy diversos significados que pueden barajarse a discreción en el debate político. Para unos sería un derecho original de toda nación y estaría por encima de cualquier ordenamiento positivo. Así lo entienden hoy, por ejemplo, amplios sectores del separatismo catalán. Reconózcase primero nuestro derecho a decidir y sólo después nos pronunciaremos libremente por permanecer en España, por la independencia, por alguna variante de Estado Libre Asociado, al estilo portorriqueño, o por cualquier otra fórmula consensuada entre dos sujetos públicos soberanos

Para otros, la reivindicación habría de acomodarse a nuestro vigente orden constitucional. Se admite que actualmente, con la unidad indisoluble de la nación española, representada por todo el pueblo español, la independencia de cualquier comunidad autónoma requiere la propia reforma de la Carta Magna a través del largo y complicado procedimiento recogido en el artículo 168 de nuestra Carta Magna.

Y es aquí, en este segundo grupo de insatisfechos con la situación actual y como reacción al que consideran excesivo blindaje de lo aprobado en 1978, donde surge la iniciativa de la consulta popular para conocer con las mayores garantías posibles, más allá de las ofrecidas por cualquier encuesta oficiosa, cuántos catalanes creen en su derecho a decidir o, al menos, lo desean. La consulta no tendría ningún efecto jurídico, pero a nadie se le oculta la íntima relación de la misma con el sí o no, o sí con matices, a la independencia.

Nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 25 de febrero de 2015, declaró la inconstitucionalidad de una consulta popular por vía de referendo no convocado por el Gobierno, que es quien detenta la competencia exclusiva para hacerlo conforme al artículo 145.32ª de la Constitución. Puede objetarse que todos los españoles tenemos interés en conocer las opiniones del prójimo sobre algo que también a todos nos afecta, pero en un Estado de Derecho se aplica eso de que “Roma locuta causa finita”. Sin olvidar, de otra parte, la masiva y unilateral campaña a favor del derecho a decidir y al sí a la independencia de forma conjunta y harto confusa.

Si de los principios descendemos al ruedo ibérico, no ganamos mucho en claridad. Los líderes de Podemos defienden el derecho de Cataluña a decidir por sí misma sobre su independencia, a sabiendas de que tal posibilidad no cabe en la Constitución vigente. ¿Se conformarían con impulsar su reforma o apoyarían la desobediencia metódica? ¿Cuál sería su respuesta a una declaración unilateral de independencia? Es lo que nos gustaría saber para no perdernos en el laberinto de las declaraciones imprecisas.

Quizás sea justo el reproche de que el blindaje de la Constitución en esta y otras materias resulte excesivo por el complicado procedimiento de su artículo 168, pero cabría generalizar sin muchos esfuerzos el más sencillo del artículo 167. Y es que, curiosamente, la propia reforma del Título X, “De la reforma constitucional”, no se encuentra entre los supuestos enumerados en el artículo 168. Valdría la pena estudiar tal posibilidad porque ha llovido mucho desde que se promulgó la Constitución que habría de traer la democracia a España. Las circunstancias son muy distintas, y nuestra democracia está hoy plenamente consolidada.