Diez preguntas a quien corresponda

¿Será verdad, como sostiene la alcaldesa de Madrid, que el ochenta o noventa por ciento de nuestra población penitenciaria debería estar en la calle, que el terrorismo islámico se combate con el diálogo y que, quizá por eso de la igualdad de género, debe haber aparcamientos disuasorios sólo para mujeres?

¿Por qué la excedencia de jueces y magistrados para dedicarse a la política no es definitiva? ¿A quiénes les interesan esas idas y vueltas?

Si la usurpación de inmuebles es un delito del artículo 249 del Código Penal, ¿por qué los “okupas” son tratados con tantos miramientos y llegan a disfrutar de apoyos más o menos institucionales?

¿Siguen en el fondo de la bahía de Algeciras los bloques de cemento que arrojaron los gibraltareños provocando la protesta inmediata de nuestro ministro de Asuntos Exteriores? Y si fuere así, ¿qué ocurrió con nuestra queja ecológica ante la Unión Europea?

¿Qué ha sido del pequeño Nicolás y sus relevantes amigos, que tanto juego dieron durante algún tiempo? ¿Estaremos ante un nuevo caso de los muchos que duermen el sueño de los justos en sede judicial?

¿Cuándo dictará sentencia nuestro Tribunal Constitucional en el recurso interpuesto hace ya más de cinco años contra la llamada Ley Aido? Están en juego muchas vidas humanas, aunque dicha señora sostenga que esos fetos no son, curiosamente, humanos.

¿Para qué sirve la multa de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana si el infractor es insolvente? Pregúntese a los mendigos profesionales, las prostitutas callejeras o a muchos de los jóvenes que disfrutan provocando disturbios públicos.

¿Qué ocurrió finalmente con el cadáver de aquel “geo” que murió al enfrentarse a los terroristas del 11M en la capital de España? Se nos dijo que fue robado por unos desconocidos. ¿Fue todo un error de nuestros medios de comunicación?

Sin poner en duda la decisión vaticana de tolerancia cero con la pederastia en el ámbito eclesiástico, ¿no sería aconsejable que se nos diera cuenta de las denuncias presentadas por tales hechos, durante los últimos años, ante la jurisdicción penal del país donde presuntamente se cometieron?

¿Qué coste tiene para Occidente la ilegal y continuada construcción de asentamientos israelíes en las tierras ocupadas de la Palestina árabe? ¿Por qué miramos para otro lado pese a las múltiples condenas por parte de la ONU?