La preparación impune de un golpe de Estado

El delito de rebelión castiga a quienes “se alzasen violenta y públicamente” para conseguir determinados fines, entre ellos “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (art. 472 del Código Penal). Las penas de prisión para los inductores y promotores pueden llegar a quince años y subirían a treinta si, por ejemplo, se esgrimiesen armas, hubiera combates o se hubiese ejercido violencia grave contra las personas (art. 473). Las manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña han sido pacíficas hasta ahora. Nada pues de rebelión. El voluntarismo es mal consejero y ahí está la doctrina Parot para demostrarlo.

El delito de sedición no requiere violencia, pero sí un alzarse “pública y tumultuosamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público, en legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de sus resoluciones administrativas o judiciales” (art. 544). Ya el Derecho romano consideraba que la sedición era una rebelión en pequeño. No se recoge expresamente la declaración de independencia como uno de sus objetivos, pero ello no significa su exclusión. Las penas de prisión para los inductores y principales autores podrían alcanzar los quince años si los culpables fueran personas constituidas en autoridad (art. 545). Lo difícil aquí es delimitar el tumulto, pero nunca cabe descartar su concurrencia en el futuro.

Los delitos de traición, que giran sobre conflictos relacionados con una potencia extranjera, nada tienen que ver con el actual comportamiento de quienes postulan la independencia de Cataluña.

Los tipos de la delincuencia común no han merecido ninguna atención entre los llamados a combatirla. Produce sonrojo que precisamente ahora investiguemos en serio los tejemanejes financieros de la familia Pujol desde que se archivó el caso de Banca Catalana por una decisión que el entonces fiscal Mena ha explicado suficientemente. Luego vino la denuncia del 3% de mordida generalizada según denunció en sede parlamentaria Pascual Maragall, entonces líder del PSOE en aquella Comunidad.

Nadie se ha preocupado por el posible delito de malversación cuando los dineros públicos, catalanes y también del resto de España, se utilizan para promover una independencia absolutamente ajena a las competencias de la Generalidad. Mientras tanto, la desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convirtió en algo así como un deporte patriótico. Ya veremos si cabe aplicar, al menos en el futuro, el delito de usurpación de funciones del artículo 506.

Tampoco se ha acudido hasta ahora a ninguna de las medidas previstas en la propia Constitución Española, al margen de toda responsabilidad penal. Hasta ayer mismo ha sido políticamente incorrecto mencionar siquiera su artículo 155, pero procede recordar que su artículo 116 recoge, además, los estados de alarma, de excepción y de sitio. Cierto es que todas las respuestas deben ser proporcionales y, dentro de lo posible, escalonadas, pero no debe confiarse demasiado en la eficacia del papel de barba (o sea, de las resoluciones judiciales) para abortar un golpe de estado.

Valga añadir por eso de la memoria histórica que la República respondió con toda contundencia a la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española por parte del presidente Companys en el año 1934. El episodio acabó en pocas horas y su principal responsable fue condenado a treinta años de cárcel. En ocasiones se llega a un punto en el que incluso la brújula no sirve para marcar la ruta. La unidad de España es un axioma que en buenos principios no depende siquiera del parecer de la mayoría de los miembros de nuestro Tribunal Constitucional. Cada cosa en su sitio. Los artículos 1 y 2 de nuestra Carta Magna son tan claros que no precisan del menor esfuerzo interpretativo.