Barcelona, Guadalajara y el País Vasco

Mas y alcaldes

Creo que los quinientos alcaldes que acompañaron con sus bastones de mando al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña a su entrada en el Juzgado donde hubo de declarar por diversos delitos no fueron muy respetuosos con la Justicia. Pero no creo que su intención fuera coaccionar a los jueces con la esperanza de que éstos se sintieran amenazados a la hora de dictar sus resoluciones. Las verdaderas presiones a los jueces y magistrados vienen, si es que vienen, por otro lado. No conozco a ningún juez agredido físicamente, pero sí sé de alguno cuya carrera puede haberse visto beneficiada o perjudicada por la politización del Consejo General del Poder Judicial, que es una criatura de las Cortes Generales, o sea, del Poder Legislativo y, consecuentemente, de los partidos políticos.

Lo ocurrido en Barcelona no es el mejor ejemplo de lo que debe ser un Estado de Derecho, pero tampoco hay que exagerar. Se nos ha olvidado, por ejemplo, que en las postrimerías del último gobierno presidido por Felipe González, cuando los crímenes del GAL y la corrupción de FILESA y compañía, su ministro del interior y un director general del mismo departamento, cuyos nombres no vienen al caso, dieron con sus huesos en la cárcel de Guadalajara. No eran simples investigados, imputados o presuntos, sino condenados en firme con la ratificación del propio Tribunal Supremo. Pues bien, sus conmilitones y conmilitonas los despidieron a la puerta de la prisión con grandes muestras de afecto y un emotivo corro de la patata. Los participantes eran gente tan política e institucionalmente “bien” que para su identificación me remito a las hemerotecas.

También, aunque con protagonistas más modestos, hubo espectáculos similares durante los años en que ETA y sus simpatizantes campaban por sus respetos en el País Vasco. Y no pasó nada. Ni siquiera cuando el rey Juan Carlos se encontró con que su discurso en la Casa de Juntas de Guernica era acallado tumultuosamente con el himno al soldado vasco y otros cánticos inadecuados en aquella ocasión. El Tribunal Supremo condenó primero, pero el Tribunal Constitucional anuló la sentencia por defectos de forma y, devuelta la causa al Tribunal Supremo, éste se tomó varios años para acabar dando la absolución general. Bastó con cambiar la valoración de los hechos probados.

La memoria histórica, aun la pequeña y más próxima, tiene una parte positiva. Los precedentes y las comparaciones ayudan a mantener el equilibrio cuando se producen estas incidencias político-judiciales de ayer y hoy.

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