El maltrato sexual de los animales

La Ley Orgánica 1/2015 ha vuelto a reformar el Código Penal, de arriba a abajo, desde el principio hasta el fin, como si las treinta reformas anteriores, más o menos, desde su promulgación en 1995, hubieran sido insuficientes. El cacareado Código Penal de la Democracia, lumbrera del siglo XXI, no nos salió bien del todo. Demasiadas ocurrencias al hilo de los cambios ministeriales, demasiados grupitos de expertos seleccionados nadie sabe cómo ni por qué. Y marginación absoluta de la Sección Penal de una Comisión General de Codificación que, según se supone, algo tendría que decir en la elaboración de estas leyes.

Tampoco se han reintroducido esta vez las variantes de malversación suprimidas en 1995, lo que facilitó la corrupción políticoinstitucional luego extendida por toda España. La primera modalidad era la malversación por imprudencia. Y la segunda, la malversación haciendo la vista gorda a quienes se llevan el dinero. Curiosamente -¿o no?- la novedad consiste ahora en facilitar, además con efecto retroactivo, la suspensión de las penas de prisión en todos estos delitos.

El legislador nos ha ofrecido a cambio un pintoresco ejemplo de su honda preocupación por los animales, aunque sea con una redacción deplorable. La zoofilia o bestialidad se castigó como delito de escándalo público hasta que dicha figura desapareció de nuestro ordenamiento penal. Ahora vuelve a tipificarse, pero sólo hasta cierto punto, entre los “delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”.

El artículo 337 amplía la protección de los animales frente a los malos tratos, castigando a quien “maltratare injustificadamente” a un animal “sometiéndole a explotación sexual”. El nuevo delito produce perplejidad pues el maltrato mismo difícilmente podrá estar justificado y, de otra parte, eso de la explotación sexual apunta más hacia una pluralidad de personas interesadas en la remonta caballar y otras prácticas semejantes, todas ellas muy dignas, integradas en la economía del mercado y hasta gratificantes, tal vez, para el propio animal. La zoofilia suele practicarse individualmente y dentro de la mayor intimidad.

Es de suponer que el precepto no se aplicará nunca, pero ahí queda como muestra de nuestra preocupación por conseguir que nuestro modélico Código Penal de 1995 continúe siendo el más avanzado del mundo mundial.

El nuevo delito, que se debe a una enmienda del Grupo Mixto en el Congreso de Diputados parece conectar -y perdóneseme el mal pensamiento- con el extenso reportaje publicado en el diario La Razón el 3 de mayo de 2014 bajo el título a tres columnas “Los orangutanes, explotados sexualmente en Indonesia”. Se afirma en él que la explotación sexual de estos grandes monos es una práctica frecuente en Indonesia y se nos informa de cómo la orangutana “Pony”, según manifiesta la veterinaria española Karmele Llano, fue rescatada de un prostíbulo de Keremgpatngi, donde, depilada por completo, aseada, perfumada e incluso con los labios pintados, prestaba sus servicios a madereros y trabajadores de los cultivos de aceite de la zona.

Para tranquilidad del lector, sepa que tanto “Pony” como otras orangutanas (y tal vez también “orangutanos”) conviven felizmente tras su liberación con otros miembros (y miembras) de su especie en la isla Bangamar. Confiemos en que nuestro tipo delictivo del artículo 337 del Código Penal tenga un carácter disuasorio y evite que semejantes atrocidades arraiguen en España. Más vale prevenir que curar.