Sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

No será culpa del legislador, pero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana -más severa en conjunto que la anterior- tiene los mismos agujeros. Casi todas las personas físicas insolventes se irán, hagan lo que hagan, de rositas, pues no hay para ellas ninguna sanción principal que sea siempre ejecutable. Como única sanción principal sólo se cuenta con unas multas que superan con mucho las recogidas en el Código Penal para bastantes delitos. Podrán arruinar injustamente a quienes las paguen o posean bienes embargables, pero serán papel mojado para los demás infractores. Calcúlese el porcentaje de estos últimos, mayoritariamente jóvenes, en las manifestaciones de protesta. Sobre todo si se encuentran en paro.

Quien no abone la multa impuesta en su día, tras los obligados trámites, nada habrá de temer si careciera de dinero al alcance de la Administración. Sus infracciones, sean las que fueren, les saldrán de balde. Algo hemos escrito sobre ello durante la tramitación de esta ley con dos velocidades. Una para el solvente y otra, más bien un parón definitivo, para el resto de los ciudadanos.

El artículo 25.3 de la Constitución prohíbe que las multas administrativas se transformen en arrestos u otras formas de privación de libertad, siendo así que, como se ha dicho, para el infractor de carne y hueso no se prevé otra sanción principal que la multa. Al convertir en sanciones administrativas las antiguas faltas del Código Penal hemos consagrado la absoluta impunidad de todos aquellos cuya multa penal se hubiera transformado, por su impago, en algunos días de prisión.

Como el tema es de rabiosa actualidad y no ha recibido la atención merecida al entrar en vigor la nueva ley, me permito resumir algunas de las observaciones hechas en esta misma columna al hilo de su elaboración. Nadie puede ser detenido por una falta administrativa, aunque la sanción imponible alcance una cantidad astronómica en euros. Únicamente cabe su traslado a comisaría para ser identificado durante un máximo de seis horas, pero con la condición, como es natural, de que no haya podido ser identificado “in situ”. Se recomienda, en consecuencia, manifestarse siempre con el documento nacional de identidad en el bolsillo.

Es cierto que el artículo 39 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana recoge también las sanciones accesorias de retirada de armas y licencias, comisos, clausuras de establecimientos y otras similares, cuya suerte no depende de lo que ocurra con la multa. Sin embargo, se trata de sanciones inaplicables a la mayoría de los manifestantes. Primero, porque nada significan para la mayoría de ellos, y segundo, porque su contenido tampoco guarda relación alguna con la manifestación ilegal.