La juez Alaya

La diferencia fundamental entre los casos más graves de corrupción en los países al norte de los Pirineos, de un lado, y en España, de otro, es evidente. El hombre público que se corrompe en Alemania, Francia o Suecia suele delinquir en solitario, por su exclusiva cuenta y en provecho propio, mientras que nuestra corrupción se aproxima a la siciliana. Se actúa dentro de una red con numerosos beneficiarios.

Aunque hayamos tenido algunos corruptos (o corruptas) aislados (o aisladas), como ocurrió con el Boletín Oficial o la Cruz Roja, lo acostumbrado es que la corrupción española en el ámbito o en los aledaños de los poderes públicos se sustente en estructuras con vocación de permanencia, como corresponde al crimen organizado. Los aprovechados se multiplican, sin excluir a los propios partidos políticos, sindicatos o representaciones empresariales. Hay autores, coautores, cómplices, encubridores, receptadores civiles y gentes que, simplemente, miran para otro lado.

Ahora se ha encendido en el Tribunal Supremo la luz verde para juzgar (ya veremos cuando) a los presuntos responsables criminales de los delitos cometidos durante diez años al amparo de un sistema fraudulento de concesión de ayudas ilegales a través de manipulados expedientes de regulación de empleo (ERE) a lo largo y ancho de Andalucía.

Los hechos eran de dominio público, precisamente por afectar de un modo u otro a miles de personas físicas y jurídicas, pero llegaron con gran retraso a los tribunales. La escasez de medios de la Administración de Justicia, así como una legislación procesal confusa y excesivamente garantista, el abuso de los recursos, un auxilio judicial renqueante por razones obvias y los aforamientos de quita y pon, impidieron después que la instrucción judicial avanzara como sería deseable.

Nuestros tribunales son incapaces de procesar con normalidad la enorme corrupción política e institucional, vertical, horizontal, transversal y aun ambiental que hemos acumulado durante décadas. Ahí siguen la Gürtel, el caso Bárcenas y tantos otros. Tampoco la politización del Consejo General del Poder Judicial, con sus competencias en el nombramiento de los altos cargos judiciales, ha contribuido a reforzar la imagen de independencia de nuestros magistrados, sobretodo en relación con la delincuencia próxima a la política.

La penuria de medios personales de la Justicia española no tiene rápido remedio, pues los buenos profesionales no se improvisan, empezando por los propios jueces. Más fácil, como cuestión de prelación en los presupuestos, es dotarla de más y mejores medios materiales. Sólo haría falta la voluntad política para ello. La legislación procesal puede actualizarse y parece que en ello estamos, si bien la experiencia aconseje no echar demasiado pronto las campanas al vuelo. La reciente reforma del Código Penal, no permite hacerse muchas ilusiones.

En cuanto a los aforamientos, algunos aparecen ya en la Constitución, por lo que su supresión o reducción, suponiendo que fuera conveniente, pasaría por la reforma de nuestra Carta Magna. Prescindir de los restantes aforamientos es más sencillo, pero habrá que contar siempre con los estatutos de autonomía. Y la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, una de las promesas estelares en el programa de PP, se tradujo en una Ley Orgánica para politizarlo aún más. Huelgan ulteriores comentarios sobre el particular.

Pero hoy quiero cerrar la columna con una calurosa felicitación a la Juez Alaya, que ha cumplido con su obligación contra viento y marea. Que dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, así como otros imputados por el escándalo de los ERES, sean o no finalmente condenados o absueltos, no es cosa suya. El Tribunal Supremo ha confirmado que existen motivos suficientes para sentarlos en el banquillo. Si se hubiera tratado de una red de traficantes de drogas, quizás se la distinguiese con alguna Cruz de San Raimundo de Peñafort, pero las connotaciones políticas del caso no se prestan a ningún reconocimiento oficial. Algo de lo que en último término debemos alegrarnos. Sería una pena que la excelente labor de la Juez Alaya acabara coloreándose políticamente.