Los ataques a los sentimientos religiosos

Escribía en un artículo anterior, a propósito de los tropiezos de la exjueza Manuela Carmena nada más comenzar su mandato como alcaldesa de Madrid, que el nombramiento de su portavoz en la persona de Rita Maestre merecía especial atención por atentar contra el sentimiento religioso de muchos católicos españoles, entre ellos buena parte de los madrileños. Rita Maestre fue una de las personas que invadieron en marzo de 2011 la capilla de la Universidad Complutense portando imágenes del Papa con una cruz esvástica, desnudándose de medio cuerpo para arriba y cantando eslóganes como “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “el Papa no nos deja comernos las almejas”, “arderéis como en el treinta y seis”, amén de otros ripios rimando “ovarios” con “rosarios”.

El Fiscal acusa a la nueva portavoz municipal como coautora de un delito contra los sentimientos religiosos previsto y penado en el artículo 524 del Código Penal, donde se tipifican estas ofensas cualificadas. La dimisión de Rita Maestre sería obligada, según entienden también el Partido Socialista Madrileño y otros grupos políticos que apoyaron la elección de Manuela Carmena como regidora de la capital de España, pero la alcaldesa no está por la labor y aduce que aquel episodio nada tiene que ver con la corrupción. Se olvida de que el código ético de Ahora Madrid repudia igualmente los delitos contra los derechos humanos. La libertad religiosa se proclama ya en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 9 del Convenio de Roma de 1950, recogiéndose por último en el artículo 16.1 de nuestra Constitución.

No se sostiene la explicación de Rita Maestre, para quien sólo se habría pretendido protestar contra la existencia de un espacio de culto en una Universidad pública de un Estado laico. La verdad es que España es un Estado aconfesional cuyas relaciones con la Iglesia Católica se regulan en el Concordato de 1953 y los posteriores Acuerdos con la Santa Sede. El Estado de Derecho tiene sus cauces para dirimir discrepancias sin ofender a nadie ni imponer por la vía de los hechos un criterio u otro. La excusa resulta pueril cuando las ofensas sólo se dirigen contra la religión católica y, además, aprovechando la presencia del capellán y de algunos estudiantes en la capilla universitaria.

La libertad de expresión, aducida como un tantra por la alcaldesa y su portavoz, no ampara excesos, según sabe mejor que nadie la exjueza Manuela Carmena. Los delitos de calumnias e injurias son buena prueba de ello. Pero aquí lo de menos quizá sea la tipificación penal de los hechos o el desenlace del juicio. Lo realmente preocupante es que esa conducta no sea rechazada de plano por todas las formaciones políticas de nuestra democracia.

La tan traída y llevada memoria histórica nos enseña hasta donde llegó el odio a la Iglesia Católica en determinados sectores de la izquierda republicana. A veces, la víctima escogida fue una buena mujer que iba todos los días a misa, o un sacerdote o un viejo obispo. Fueron miles los asesinados sin otra razón que su condición de católicos, desde los llamados príncipes de la Iglesia hasta los fieles de a pie.

Los sentimientos religiosos son dignos del mayor respeto y su ofensa es, además, peligrosísima para la convivencia pacífica, según acreditó sobradamente nuestra Guerra Civil. La víctimas del holocausto y del terrorismo, objeto de chanza para Guillermo Zapata, el que iba para concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, merecen toda nuestra consideración, pero no más, ni menos, que los asesinados desde 1936 a 1939. Contra el odio cainita en cualquiera de sus manifestaciones, tolerancia cero.