Ayer y hoy de la Monarquía Constitucional española

La Monarquía no se encuentra tan consolidada en España como en el Reino Unido, Holanda u otros países europeos. Carlos IV y Fernando VII (el Rey Felón) fueron una vergüenza personal e histórica. Isabel II, que llegó al trono con sólo doce años, tuvo que huir desde Lequeitio a Francia, pasando por San Sebastián, tras el levantamiento de 1868. El Rey Amadeo I de Saboya fue un recambio frustrado. Ocupó el trono en 1870, pero abdicó por aburrimiento e impotencia tres años más tarde. La Primera República, con su disparatado cantonismo y cuatro presidentes en un año fue un verdadero desastre.

La restauración de la Monarquía borbónica en 1874 fue obra del general Martínez Campos, que proclamó Rey de España a Alfonso XII, lo que abrió un periodo de relativa normalidad institucional. Hasta que Alfonso XIII abandonó Madrid precipitadamente, en coche, para embarcar en Cartagena rumbo a Marsella y al exilio en abril de 1931. Las izquierdas, muy mayoritariamente republicanas, habían ganado las elecciones municipales en las grandes ciudades, pero no en la totalidad del país. La Segunda República terminó con la Guerra Civil de 1936 a 1939. Luego vinieron cuatro décadas de régimen franquista. Y finalmente se produjo la ejemplar transición democrática que nos devolvería al concierto de las naciones como un país puntero en términos de libertad y defensa de los derechos humanos.

La Monarquía borbónica, expulsada de España en dos ocasiones, volvería a asumir la Jefatura del Estado conforme a la Constitución de 1978. Hoy, el rey Felipe VI es plenamente consciente de que su comportamiento ejemplar constituye la mejor garantía, si no la única, para la continuidad dinástica. Los españoles lo percibimos bien y no escatimamos aplausos a un Rey que, además de ser el símbolo de la unidad de España, se ha convertido en el primer servidor público y defensor de los intereses nacionales.

La revocación del uso del Ducado de Palma, otorgado en su día por el rey Juan Carlos I a la infanta Cristina y disfrutado como consorte por Iñaki Urdangarin, es una prueba más de la preocupación del rey Felipe VI por el acertado cumplimiento de sus funciones, pero pone también de relieve las lagunas constitucionales para impedir que lleguen al trono de España personas no dignas de ceñir la Corona. El automatismo hereditario resulta peligroso y es el principal “pero” con que la Monarquía tropieza.

El artículo 59 de la Constitución, que permite la inhabilitación del Rey por las Cortes Generales, suele entenderse como referido únicamente a la salud física o psíquica. La renuncia a los derechos dinásticos se configura como una opción personalísima que, por consiguiente, no puede ser impuesta desde fuera. Y ésta es, asimismo, la opinión dominante en cuanto al título de Infante o Infanta. No faltan algunos argumentos contra la intangibilidad de dichos derechos y tratamientos, pero seguimos esperando la Ley Orgánica cuya promulgación demanda expresamente el artículo 57.3 de nuestra Carga Magna. Más grave que el procesamiento de una Duquesa es el de una Infanta con derechos más o menos remotos al trono de España.

Ya va siendo hora de que nos adelantemos a los acontecimientos. Sonroja un poco que la abdicación del rey Juan Carlos I tuviera que regularse deprisa y corriendo como si se tratase de un acontecimiento absolutamente imprevisible.