Sobre la revocación del Ducado de Palma

El rey Felipe VI ha revocado el título de Duquesa de Palma, concedido por el padre de ambos, Juan Carlos I, a su Alteza Real la Infanta Doña Cristina cuando se casó con Iñaki Urdangarin. El Real Decreto lleva también, como es preceptivo, la firma del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero no hay duda de que su texto responde a una decisión personalísima del Rey reinante.

El número de españoles que se consideran republicanos supera probablemente al de los que se sienten monárquicos, pero quizá la mayoría de unos y otros coincida en que lo fundamental es que la Jefatura del Estado garantice el funcionamiento de una verdadera democracia, a lo que se añade el deseo de que el comportamiento de su titular sea ejemplar en todos los sentidos.

La figura del Rey de España, muy debilitada durante los últimos años del reinado de Don Juan Carlos I por razones que no es necesario detallar, pero que llevaron finalmente a su abdicación, ha ido ganando prestigio durante el reinado de Felipe VI según revelan las encuestas.

El Rey tal vez debiera haber abandonado el palco presidencial cuando se inició la pitada al himno nacional en el partido de fútbol entre el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona en la última final de Copa, pero mantuvo el tipo pensando exclusivamente en los intereses de España. Nadie pide una sucesión ininterrumpida de aciertos en el titular de la Corona. Pues bien, Felipe VI se ha preocupado de modo especial por la transparencia y la honradez en la gestión de los negocios públicos, luchando contra las sombras y las canonjías trasnochadas.

La revocación del título de Duquesa de Palma, que afecta también a su consorte Iñaki Urdangarin, acusado de gravísimos delitos cometidos al amparo de su parentesco político, es un paso más en la misma dirección. Primero, por razones de moralidad pública, y después porque así se reducirán al mínimo las inevitables salpicaduras de un escandaloso enriquecimiento que no hubiera sido posible sin los estrechos vínculos de ambos cónyuges con la Corona.

Pero hay más. Hay una gran lección para los políticos y demás hombres públicos que se refugian en el burladero de la presunción de inocencia mientras los años pasan sin sentencia firme porque los hechos prescriben y las pruebas, aunque tan detalladas como clamorosas, quizá no fueran obtenidas con todos los requisitos formales que la legislación establece para que surtan efectos en un proceso penal.

La infanta Cristina no ha sido condenada todavía como responsable de delito alguno y puede que ni siquiera llegue a ser juzgada en tal condición porque a la acusación popular no se ha sumado el Ministerio Fiscal. Pero todo eso poco importa ante la opinión pública. En realidad, tampoco Iñaki Urdangarin ha sido aún condenado. Las responsabilidades en los planos ético y político no precisan de condenas previas por la comisión de un delito. A ver si nos enteramos de una vez y obramos en consecuencia.

La falaz y rocambolesca versión de la infanta Cristina sobre la revocación de su título constituye un argumento más, aunque sea “a posteriori”, a favor de la decisión adoptada por el rey Felipe VI. Pocas personas habrán hecho tanto daño a la Corona como el matrimonio formado por esta Infanta y su esposo Iñaki Urdangarin. Produce escalofríos la posibilidad, por remota que sea, de que gentes así lleguen a ocupar el trono de España. La Monarquía sigue teniendo sus puntos débiles.