Las elecciones del Reino Unido

Los ingleses, galeses y escoceses de la Gran Bretaña conviven pacífica y democráticamente en el Reino Unido con los ciudadanos de Irlanda del Norte. No importa que en este último caso aún queden rescoldos del conflicto territorial, político y religioso entre los partidarios de mantener la unión con Londres, protestantes y “orangistas” en su mayor parte, y quienes preferirían integrarse en la República de Irlanda. Recuérdese el terrorismo del IRA.

También el Reino Unido ha sufrido las consecuencias de la crisis económica extendida más o menos por toda la Unión Europea, aunque lo peor haya quedado atrás y su cifra de parados no pueda compararse con la española. Pero ahora no se trata de examinar el pasado inmediato de uno y otro país, sino de comentar el desarrollo de las últimas elecciones en el Reino Unido y aplicar la lección a nuestras elecciones autonómicas y locales.

Llegada la hora de la verdad en toda democracia que se precie, el votante sólo habría de decidirse por el mejor programa, en su opinión, para el futuro de su país. La credibilidad de la clase política no se discute, como tampoco se cuestiona su honradez ni la de los propios partidos políticos. La financiación ilegal y las “mordidas” carecen aquí de todo protagonismo.

El panorama español es, por desgracia, muy distinto. Tanto que hay quien deja o dejará de votar a los suyos de siempre porque perdieron su confianza en ellos. Unos, hace años, cuando el PSOE se hundió estrepitosamente negando la evidencia. La crisis económica nunca llegaría a España y, además, disfrutábamos del mejor sistema financiero de Europa. Y otros después, cuando el PP incumplió buena parte de sus promesas electorales so pretexto de que la herencia económica recibida era mucho peor que la esperada. Algo que explicaría la subida de impuestos, pero no la mayor politización del Consejo General del Poder Judicial o la renuncia a promulgar una nueva ley sobre el aborto.

Únase a ese déficit de credibilidad una corrupción de proporciones desconocidas hasta ahora y se obtendrá el peculiar escenario de nuestras próximas elecciones. Nadie puede aceptar que una corrupción de tal calibre fuera ignorada precisamente por quienes más obligados estaban a prevenirla o denunciarla, aparte de ser con frecuencia sus beneficiarios. Estamos ya acostumbrados a que en los mítines se tilde al adversario de ladrón, gentuza y cosas peores. Nada similar ha enturbiado las elecciones del Reino Unido.

Desde las orillas del Támesis no se entendería bien nuestro esfuerzo para reducir aparentemente la corrupción con habilidosos juegos de palabras: preimputado, imputado, sospechoso o investigado, por ejemplo. Como si la responsabilidad, la honestidad y la credibilidad políticas dependieran exclusivamente de los pronunciamientos penales de una justicia cuyo tiempo se cuenta por décadas.

Vayan mi enhorabuena, y una buena dosis de sana envidia, para los ciudadanos del Reino Unido que pueden elegir entre un programa y otro con la seguridad de que las promesas se cumplirán salvo caso de fuerza mayor y, también, de que los agraciados por las urnas, sean cuales fueren, no tolerarán la menor corrupción del sistema, ni en los otros partidos ni en el suyo propio. Me gustaría que, al menos en esto, España no fuera diferente.