El paraíso de la corrupción: la inopia

Escribía Luis Racionero en este mismo diario un artículo que, bajo el título 'Chaves o la desfachatez', se ocupaba de ese fenómeno tan español que consiste en que los altos responsables políticos o institucionales suelen negar todo conocimiento de la mugre, incluso delictiva, generada en su entorno. Primero se presume de que no se mueve una mosca a su alrededor sin que ellos lo sepan pero, si vienen mal dadas, alegarán su absoluta ignorancia. Lo que no quita para sostener además en términos numantinos la inocencia de los empapelados por motivaciones siempre espurias.

Buena muestra de tal proceder habría sido la entrevista concedida por el entonces presidente Felipe González al periodista Iñaki Gabilondo a propósito de los asesinatos del GAL. El entrevistado aseguró haberse enterado por la prensa y el entrevistador renunció a la repregunta del siglo: “¿Y qué hizo usted entonces señor Presidente?”. La verdad es, sin embargo, que sí hubo una respuesta, aunque insólita. Fue la defensa a ultranza de su ministro del Interior frente a unos jueces a los que calificó como le vino en gana. En lugar de mostrar su disgusto por un terrorismo de Estado concebido y practicado a sus espaldas, los condenados fueron despedidos a la puerta de la prisión de Guadalajara interpretando en su honor la bonita danza del corro de la patata.

A partir de ahí, pero ya sin asesinatos de por medio, la ignorancia oficial en las altas esferas del poder ha sido una constante. Los muchos ejemplos están en la mente de todos y tienen un denominador común. Los más obligados a denunciar no lo hacen porque nada sabían. Hay que esperar a una mujer despechada o un contable vengativo para que empiece a rodar la enorme bola de una corrupción que a ningún ciudadano de a pie coge por sorpresa. Hemos llegado a un extremo en el que la corrupción de los unos se compensa con la corrupción de los otros, de forma que se vota con la nariz tapada. De ahí la pujanza de los nuevos partidos políticos, de programas imprecisos y futuro incierto, pero libres, al menos por ahora, de aquellas pestilencias.

No sé si ya en otro artículo he llamado la atención sobre la benevolencia de nuestro ordenamiento jurídico hacia las autoridades y altos funcionarios públicos que se refugian en la inopia cuando de la corrupción se trata. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin cambios en el Proyecto de reforma actualmente en tramitación, sanciona con una multa de 25 a 250 pesetas (sic) a la autoridad o funcionario público que no denuncia los posibles delitos conocidos por razón de su cargo. Si el incumplimiento de tal deber se tipificase en el Código Penal y se penase con prisión o una buena multa en euros, quizá avanzáramos algo. Por cierto, tras la última reforma del Código Penal, la malversación se castiga menos que antes. España sigue siendo diferente.