La actualidad de la violencia de género

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La Ley contra la Violencia de Género, dicho así para abreviar, recibió abundantes críticas cuando fue promulgada en el año 2004, siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. No se ponía en duda la gravedad del mal que se quería combatir, pero sí que para ello se optara por la discriminación positiva a favor de la mujer y negativa en contra del varón. De esa forma, a la responsabilidad por el hecho cometido se unía un plus con ribetes bíblicos, como si el autor arrastrara una especie de pecado original por las culpas de sus ancestros.

Los magistrados del Tribunal Constitucional se dividieron en dos grupos, pero una corta mayoría entendió que la nueva Ley no infringía la Constitución. De ahí que estas líneas ya no se refieran a dicho debate, sino a las corruptelas en la aplicación de la norma. Terminen como terminen las tribulaciones del otrora ministro de Justicia por su denuncia como maltratador, buena es la ocasión para hacer algunas observaciones sobre lo que está ocurriendo pero no debería ocurrir en un Estado de Derecho.

El primer reproche viene dado por la renuncia a la presunción de inocencia, sustituida ahora por una presunción de culpabilidad. El denunciado será tratado desde el primer momento como culpable y así seguirá hasta su condena si no consiguiera demostrar lo contrario. A falta de testigos, bastaría la palabra de la mujer porque, según se nos quiere hacer creer machaconamente, una mujer maltratada no mentiría nunca. Poco importa que el maltrato sea precisamente lo que se pretende demostrar.

Para apoyar aquel dogma se recurre torticeramente a las estadísticas. El número de condenas por tal motivo sería mínimo. Se calla, sin embargo, que así ocurre siempre con las denuncias y declaraciones falsas. Cuando todo queda en la palabra de una contra la del otro (o al revés), lo más probable es que, aunque no se llegue a la condena del denunciado, no haya tampoco prueba suficiente para acreditar la falsedad de los hechos.

Si alguien sostiene que la igualdad de sexos se extiende también a la posibilidad de mentir, y más cuando hay odios y deseos de venganza de por medio, será tachado de impenitente machista. Y es que aquel postulado, falso de toda falsedad, constituye el punto de partida para un inadmisible protocolo, quizá no oficial pero sí de aplicación generalizada. Recibida la denuncia, la policía procederá a la inmediata detención del denunciado, lo trasladará a comisaría y en sus calabozos pasará una noche o dos hasta ser puesto a disposición del Juez, que presumiblemente lo pondrá en libertad.

No importa que no haya riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. El encierro servirá en todo caso para reforzar públicamente la presunción de culpabilidad y adelantar parte del castigo ejemplar por algo que quizá ni pueda acreditarse ni haya ocurrido nunca. Nadie reparará entonces el daño tan innecesaria e imprudentemente causado.

Es muy probable que Juan Fernando López Aguilar, inocente mientras que no se pruebe lo contrario (y perdón por insistir en este principio fundamental del Derecho Penal) se haya librado del calabozo por su condición de aforado. Alguien dijo en su día que la violencia de género era un asunto lo suficientemente grave como para asumir el coste de algún error judicial. Hasta ahora se pensaba que era preferible absolver por falta de pruebas a cien culpables que condenar a un inocente.

También convendría no utilizar la denuncia a la primera, como suele decirse, o recurrir a las órdenes de alejamiento como una panacea. La violencia de género se extiende desde la más brutal agresión física hasta la injuria leve, de forma que la denuncia precipitada en el último supuesto puede acabar con una relación familiar merecedora de mejor suerte.

Llama la atención, por último, el elevado porcentaje de varones que con orden de protección o sin ella, porque llegados a este extremo no serviría para nada, se suicidan tras matar a la mujer. Se puede tener la impresión, y yo la tengo, de que se trata de un fenómeno nuevo cuyas causas merecerían un cuidadoso trabajo de investigación. No parece, sin embargo, que los numerosos organismos creados para combatir esta forma de criminalidad, empezando por los muchos observatorios ad hoc, se hayan preocupado mucho de la cuestión.

Aquí no hay atajos. La mejor forma de luchar contra la violencia de género pasa por depurar el procedimiento y respetar los principios fundamentales del Derecho Penal, básicos a su vez para el Estado de Derecho.

Pd. ¿Qué hay de los dos incendios en la casa de Juan Fernando López Aguilar en Las Palmas de Gran Canaria, con riesgo para los hijos, cuando este señor se encontraba en Madrid? Parece que eso interesa menos.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.