El difícil parto de nuestra prisión permanente revisable

Nunca he entendido bien la razón por la que los españoles no podíamos tener la pena de prisión perpetua o permanente en nuestro ordenamiento punitivo, a diferencia de lo que ocurre en todas las grandes democracias de nuestro entorno, desde el Reino Unido a Francia, pasando por Alemania, Italia, Austria, Suiza y un largo etcétera. En dichos países existe desde hace muchos años una prisión perpetua que, más o menos matizada, ha quedado fuera de toda discusión. Los gobiernos se han sucedido con un color u otro sin que ello afectase a esta pena como respuesta adecuada para determinados crímenes cuyo grado de culpabilidad supera con mucho a la del simple homicidio.

Mi sorpresa aumentaba, porque éramos nosotros, y no los suecos, por ejemplo, quienes más necesitados estábamos de instrumentos legales para combatir eficazmente el terrorismo. Si hubiéramos contado a su debido tiempo con la prisión permanente revisable, nos habríamos evitado muchas excarcelaciones de asesinos terroristas en serie que nunca dieron la menor muestra de resocialización o arrepentimiento. Nos habríamos ahorrado también la tardía reforma del Código Penal para introducir cumplimientos de la pena de prisión hasta cincuenta años en algunos casos, una especie de prisión perpetua que entra por la puerta de servicio. Y no habríamos sufrido el fiasco de aquella doctrina Parot que, muy endeble en términos jurídicos, trató de suplir carencias que ya no tenían remedio por la irretroactividad de las leyes penales en contra del reo.

Eso, aparte de que la pretendida incompatibilidad de dicha pena con nuestra Constitución ha sido negada una y otra vez por el Tribunal Constitucional. De un lado, al conceder las correspondientes extradiciones siempre que la prisión, en principio perpetua, fuera revisable. Y de otro, al afirmar que, aplicado dicho correctivo, la repetida sanción no pecaba de indigna ni de inhumana, amén de no oponerse a la orientación resocializadora presente en el artículo 25.2 de la Constitución.

Es esa doctrina del Tribunal Constitucional la que permitió nuestra adhesión al Estatuto de Roma, con su Corte Penal Internacional, a pesar de que la más grave de sus penas es, precisamente, una reclusión perpetua con posibilidades de revisión bastante más restringidas que en la regulación de nuestra prisión perpetua permanente. Se olvida así que, en consecuencia, esta controvertida pena ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico conforme al artículo 96.1 de la Constitución.

Lo más lamentable es, sin embargo, que nuestra prisión permanente revisable nace muerta o con muy escasas posibilidades de superar su infancia. Todos los partidos políticos de izquierdas se han comprometido a suprimirla cuando lleguen al gobierno, lo que sucederá con toda seguridad mucho antes de que transcurran los plazos máximos de cumplimiento de nuestra prisión temporal. Una vez más hemos llegado tarde. La prisión permanente revisable sólo tendrá entre nosotros un valor testimonial. Y únicamente por algún tiempo.