El blanqueo de la malversación

Al igual que Dios puede escribir derecho con reglones torcidos, el legislador es capaz de escribir torcido con renglones aparentemente derechos, así en la nueva regulación de la malversación, por ejemplo. La malversación de caudales públicos es un delito fundamental en la corrupción generalizada que padecemos. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero el mejor modo de prevenirla es castigar debidamente la ya sufrida, y aquí comienzan las reservas y los titubeos. Lo pasado, pasado. Hay que pensar en el futuro y, con esa finalidad, lo mejor sería construir un puente de plata para los malversadores de los últimos años.

El delito básico de malversación se castiga todavía con prisión de tres a seis años (artículo 432 del Código Penal), pero en adelante, según el nuevo texto aprobado en el Congreso, se convierte en una variante de administración desleal y, como quien no quiere la cosa, el mínimo de la prisión se reduce a dos. Curiosamente, la suspensión de la ejecución de la prisión (el no entrar en la cárcel, para entendernos) sólo beneficia a las penas que no superan los dos años. Entonces la suspensión es la regla. O era, hasta que los jueces empezaron a hacer muy razonables excepciones con los delitos de corrupción.

Verdad es que se conservaría la prisión de al menos cuatro años para el supuesto agravado por la especial importancia de los bienes sustraídos o el perjuicio producido, pero también se ha encontrado el oportuno remedio para tales supuestos. El nuevo texto del artículo 434 obliga a imponer las penas inferiores en uno o dos grados si en cualquier momento se reparase el daño o se colaborase en el esclarecimiento de los hechos. Basta con la rebaja de la pena en un solo grado para que pueda suspenderse su ejecución, ya que el límite mínimo volvería a ser, exactamente, el de dos años.

Por si lo dicho fuera poco, la nueva regulación tendrá efectos retroactivos a favor de los malversadores ya descubiertos o por descubrir y puede facilitar la prescripción de los delitos. De otra parte, los enormes retrasos motivados por la falta de medios de la Administración de Justicia serán también una atenuante que permitirá rebajar de nuevo la pena en uno o dos grados. Será más difícil la entrada de un malversador en la cárcel que el paso de un camello por el ojo de una aguja.

Visto lo anterior, se explica la renuncia a retomar las dos clases de malversación desaparecidas, no se sabe por qué, en el Código Penal de 1995: el aplicar los caudales públicos a fines también públicos pero distintos de los previstos y el tolerar que el dinero se lo lleven otros. La reintroducción de dichas conductas en el Código Penal y la agravación de la penalidad en todos los delitos de malversación estaría más de acuerdo con el sentir de una ciudadanía harta de tanta corrupción y de tantas promesas incumplidas.

Y, finalmente, si el problema de la corrupción ambiental que padecemos es de tal calibre como efectivamente lo es, podría pensarse en tipificar como delito la omisión de denuncia por parte de quienes tengan noticia de algún delito público en virtud de su cargo. La multa de 25 a 250 pesetas -¡todavía pesetas!- en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene hoy algo de broma de mal gusto. Por cierto, sin que el Anteproyecto para su reforma contemple siquiera la conversión de la multa en euros. El justo castigo de la corrupción pasada y la eficaz prevención de la futura no son tareas incompatibles sino complementarias.

1 comentario
  1. Odoacro says:

    O sea, para que me aclare, Sr. Manzanares, con la que está cayendo, ¿El Código Penal se reforma para ser más laxos con los corruptos?

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