El precio político de la corrupción

Hay quien se sorprende porque la corrupción política no tenga un alto coste en las convocatorias electorales. Es algo que para muchos comentaristas se explicaría, sin embargo, con el argumento de que tampoco gran parte de los ciudadanos podría tirar la primera piedra, al menos por pensamiento y deseo. La economía sumergida y el fraude fiscal alcanzan en España cotas muy altas, pero sus protagonistas cuentan con la comprensión del prójimo cuando no también con una cierta dosis de respeto.

Todo eso es verdad. Desde el viejo refrán de “el que roba al común no roba a ningún” se llega en línea recta a la desvergonzada declaración de aquella ministra socialista, egabrense por más señas, para la que “el dinero público no es de nadie”. Pero aun así, también los ciudadanos potencialmente corruptos desearían que los administradores de su patrimonio fueran personas íntegras, eficaces y de uñas bien recortadas.

La verdad es que la corrupción no pasaba factura porque el elector sólo había tenido hasta ahora la posibilidad de votar dentro del bipartidismo representado por el PP y el PSOE, afectados ambos por una generalizada corrupción de la que sus dirigentes nunca habrían tenido noticia. Ni siquiera, una vez confrontados de mala gana con la triste realidad, han sido capaces de tomar la iniciativa para denunciar ante los jueces a otras ovejas negras, que las hay.

Era lógico en aquellas condiciones que cada votante se decidiese por dichos partidos mayoritarios según su ideología, aunque fuera tapándose las narices. Los otros serían tan corruptos como los unos. Si el simpatizante se quedase en casa triunfarían los contrarios, sin que por ello, ganásemos algo en términos de honradez. Este planteamiento ha saltado por los aires con la llegada de Ciudadanos y Podemos, que nacen precisamente como reacción a un dilema insostenible por más tiempo.

Ni Podemos ni Ciudadanos entregaron las Cajas de Ahorros a unos mangantes que las llevaron a la ruina. Tampoco organizaron o toleraron las tramas para financiar al partido o enriquecer a algunos, o a muchos, de sus partidarios, familiares o amigos. Han traído un viento fresco a la política, sin servidumbres por un pasado que no tienen. Y esto es tan así que la espectacular ascensión de Podemos ha empezado a detenerse al hacerse públicas las oscuras prácticas económicas de sus dirigentes cuando todavía no han llegado a manejar fondos públicos.

El caso de Andalucía es especial. Quizá favorecida por los muchos años de un mismo partido al frente de la Comunidad, la corrupción ha creado una estructura clientelar con un voto cautivo que llega hasta el último rincón de aquellas tierra. Eso no ocurre en otras zonas de España donde la corrupción ha sido más o menos elitista. El año electoral será muy interesante en toda la piel de toro.