¡Ay, la Justicia!

El estado de la Justicia española es lamentable. Y quizá, por su lentitud, no merezca siquiera ese nombre. Depende de la jurisdicción y de la geografía. Más de ocho mil juristas, abogados en su mayor parte pero con la compañía de fiscales, jueces y otros profesionales del foro, denuncian en Twitter el señalamiento, por ejemplo, de juicios de despido y conciliaciones para 2019, lo que es tanto como decirle al ciudadano que no se moleste en reclamar sus servicios. Nos hemos acostumbrado tanto a los retrasos que ya forman parte de la normalidad. Sólo de vez en cuando se oye o lee una protesta cualificada y colectiva como un grito con poca esperanza de ser oído.

Las inversiones en la Administración de Justicia no se notan hasta el transcurso de algún tiempo, siendo así que nuestros políticos suelen pensar en términos del mañana inmediato. Además, no es lo mismo la mejora callada y paulatina de esos servicios públicos que la construcción de un polideportivo a la vista de un personal que puede agradecerlo en las urnas. Aparte de que permite colocar para su mantenimiento a algunos amigos, parientes o correligionarios.

Más nos hemos gastado en instalaciones frecuentemente infrautilizadas que en unos Tribunales que no dan abasto para cumplir con sus obligaciones como uno de los tres pilares básicos del Estado de Derecho. El “Montesquieu ha muerto” de Alfonso Guerra se ha traducido en un Poder Ejecutivo del que el Legislativo es apenas un apéndice, mientras que se intenta por todos los medios mediatizar también al Poder Judicial. Los resultados están a la vista.

La opinión pública considera que la politización del Consejo General del Poder Judicial, exacerbada recientemente por el Presidente Rajoy en contra de su promesa electoral, se extiende al propio Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. El dato es innegable, responda más o menos a la realidad. El descrédito de la clase política repercute hasta cierto punto sobre un Poder Judicial que tiene como base indispensable la absoluta independencia de todos sus titulares.

De otro lado, la inseguridad jurídica, aunque sólo sea por la tardanza en dar respuesta a las múltiples incidencias de una sociedad desarrollada dentro de la economía global, no es la mejor carta de recomendación para atraer al capital extranjero o a las grandes empresas multinacionales. Y la enorme corrupción acumulada horizontal, vertical y transversalmente a los largo de muchos años supera con mucho la capacidad de nuestros Tribunales para procesarla en tiempo razonable. Aquí pasan años o décadas antes de que los capos de la corrupción sean condenados en sentencia firme. Luego vendrán las hadas madrinas de la edad avanzada, la delicada salud y el tercer grado.

Los males de la Justicia no se arreglan desviando su demanda hacia la mediación, amputándole la jurisdicción voluntaria, suprimiendo las faltas penales a cambio de que el Ministerio del Interior pueda imponer multas astronómicas por las mismas conductas, o recurriendo a las tasas judiciales como eficaz método de disuasión. Curiosamente, sin tener que gastar un solo céntimo de euro. O ganándolo con las tasas