Nuevo capítulo en el caso “Santi Potros”

El terrorista Santiago Arróspide Sagaseta, alias “Santi Potros”, fue beneficiado por la Audiencia Nacional al equiparar, a efectos de su acumulación, las penas impuestas y cumplidas en Francia con las impuestas en España. Aplicó directamente para ello la Decisión Marco 675/2008 del Consejo, que aún estaba pendiente de desarrollo en nuestro derecho interno. En ningún caso se podría superar el límite establecido como correctivo a la pura suma aritmética de las penas.

El último pronunciamiento del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se refiere en concreto a este terrorista, pero en su esencia rechaza la equiparación. De ahí las dudas acerca de si procede o no la revocación del licenciamiento definitivo de este individuo. La cuestión es de gran interés tanto en relación con la opinión pública como en el terreno doctrinal. No existe, por decirlo así, un recurso de revisión en contra del reo. Al Tribunal Supremo le corresponde decir una vez más la última palabra. O casi, porque también hay un Tribunal Constitucional y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero en el caso “Santi Potros” se abrió un nuevo capítulo cuando un juez de la Audiencia Nacional decretó hace un par de días su prisión provisional por dos causas de 1986 y 1987, todavía en trámite de instrucción. Aunque la extradición del terrorista desde Francia no se extendiera a esos dos delitos, nada impide los nuevos juicios. El extraditado dejó transcurrir demasiado tiempo sin abandonar España cuando ya podría haberlo hecho como cualquier otro ciudadano. Su permanencia aquí no sería por la extradición sino por voluntad propia.

Sucede, sin embargo, que las penas por estos nuevos pero viejos delitos, según se mire, se acumularían también a las restantes, aunque su imposición fuese muy posterior, de forma que ninguna incidencia tendría sobre el máximo del cumplimiento conjunto. La acumulación se extiende por igual a las diversas penas impuestas en una misma sentencia y a las acordadas en otras cuando los delitos, por su conexidad o el tiempo de su comisión, pudieran haber sido objeto de un mismo proceso. Y si esto es así, cabría cuestionar una prisión provisional que nunca sería abonable en la práctica.

Los problemas se encadenan como las cerezas. Perdone el lector las anteriores observaciones y preguntas, pero el caso lo merece y yo soy uno de los innumerables españoles indignados por lo que está ocurriendo. Se trata de un caso que no existiría sin nuestra prolongada oposición a una prisión perpetua que está pacíficamente consagrada en todas las grandes democracias. Ahí, en esa laguna, se encuentra la fuente de nuestros actuales problemas para que los asesinos terroristas respondan de sus crímenes como ocurriría en esos otros países menos acomplejados o con legisladores más diligentes.

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