El último episodio en la excarcelación de etarras

Algunos miembros del Gobierno han leído la cartilla a los magistrados de la Audiencia Nacional que acordaron la libertad de cuatro terroristas etarras por entender que, conforme a la Decisión Marco 675/2008 del Consejo, de 24 de julio, había que incluir en el máximo de cumplimiento conjunto de sus penas las impuestas y cumplidas en Francia por delitos conexos con los cometidos en España.

La vicepresidenta afirmó tajante que “esto no se puede hacer”. El ministro del Interior aseguró que “la excarcelación de los etarras no se ha hecho conforme a la Ley” y añadió que “si eso lo hubiese hecho una autoridad administrativa, quizá en estos momentos se la estaría acusando de un posible delito de prevaricación”. El ministro de Justicia, más prudente, se limitó a expresar su confianza en que el Tribunal Supremo desharía el entuerto. No aceptan siquiera que esas resoluciones judiciales puedan tener un razonamiento mínimamente aceptable. La justificada indignación de las víctimas se orientará así hacia unos jueces ineptos o ideológicamente corruptos.

El grito de “al ladrón, al ladrón” para confundir a los presentes es bien conocido. Sólo que la repulsa de las víctimas directas de la barbarie terrorista y, con ellas, de la inmensa mayoría de los españoles no debe dirigirse contra los jueces que interpretan y aplican la legislación vigente, sino contra quienes por acción u omisión son los verdaderos responsables de que hoy nos enfrentemos a una situación que debió ser prevista y evitada a su debido tiempo.

Nada se hizo en el Código Penal de 1995 pensando en lo que ocurriría años después, y el intento de retrasar en el último momento las excarcelaciones con la “doctrina Parot” –por cierto, obra de los jueces- resultó ser un fiasco. Recuérdese la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada por unanimidad. Y nada se hizo durante mucho tiempo respecto a la Decisión Marco 675/2008, que dio de plazo hasta el 15 de agosto de 2010 para que las legislaciones nacionales asumieran la acumulación de penas impuestas en otro país de la Unión Europea. La Sentencia del Tribunal de Justicia ya había advertido por su parte, en relación con el “caso Pupino”, el carácter vinculante de la Decisión Marco “en el sentido de que será obligatoria en cuanto al resultado”.

Las excarcelaciones acordadas por la Sección 1ª de lo Penal de la Audiencia Nacional traen causa inmediata de la Decisión Marco y se producen muy poco antes de que entrara en vigor nuestra Ley Orgánica 7/2014, de 12 noviembre, cuya Disposición Adicional Única rechaza la acumulación de las penas dictadas por los tribunales extranjeros antes del repetido día 15 de agosto de 2010. Las leyes penales no tienen efecto retroactivo y el día 2 de diciembre, fecha de los autos excarcelatorios, la repetida Ley Orgánica 7/2014 aún no había entrado en vigor. Sin tan clamoroso retraso no habríamos llegado a la situación actual. Demasiados problemas y demasiado graves para que alguien venga desde el Gobierno con la varita mágica de su particular infalibilidad.

Lo ocurrido esta vez es un buen ejemplo de actuación tardía con riesgo evidente de llegar tarde. Hasta la Sentencia del Tribunal Supremo 186/2014, de 5 de marzo, aplicando directamente la Decisión Marco y acordando la acumulación de penas, nuestro legislador no se dio por aludido. El Proyecto de la tan repetida Ley Orgánica 7/2014, remitido a las Cortes Generales a finales del mismo mes, ni siquiera se ocupaba de esta materia. Sólo por vía de enmienda en el Senado, deprisa y corriendo, se cumplió nuestro compromiso con la Unión Europea. Huelgan los comentarios.

Los jueces están obligados a aplicar las leyes conforme a las reglas de la interpretación jurídica. En los casos difíciles, como el que ahora nos ocupa, el Tribunal Supremo dirá la última palabra en la jurisdicción ordinaria. Y más allá, en el horizonte, quedan el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero sea cual sea la resolución final del conflicto, éste tiene su origen, según se verá, en el ámbito legislativo.

Para empezar, si hubiéramos tenido la pena de prisión perpetua cuando era menester, como en el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, por ejemplo, no habría sido necesario recurrir a la “doctrina Parot” ni debatir hoy sobre el alcance internacional de la acumulación de penas. Los asesinos etarras seguirían sencillamente en prisión, al menos mientras no constara con toda certeza su arrepentimiento. Pero había que dar lecciones de progresismo utópico a los retrógrados países de nuestro entorno, y eso pese a que éramos quienes más sufríamos la lacra del terrorismo. Han pasado muchos años y la prisión perpetua sigue esperando el beneplácito del legislador español.

Era también de mal gusto acudir a una medida de seguridad para el internamiento por tiempo indeterminado de los criminales que continuasen siendo un peligro tras el cumplimiento de sus penas. Y se denuncia asimismo que algunos de los terroristas que alcanzaron la libertad viven ahora a escasos metros de las viudas y huérfanos de los asesinados. Es cierto pero, desgraciadamente, no existe ninguna ley que lo impida. Volvamos, pues, a los polémicos autos de la Audiencia Nacional.

Es frecuente que los textos elaborados entre numerosos países pequen de confusos, quizá por los esfuerzos para conciliar diferentes posturas. Y la versión española no siempre coincide plenamente con otras como la inglesa o la francesa. La Decisión Marco 685/2008 es, sin embargo, suficientemente explícita en cuanto a la equiparación entre las sentencias dictadas en España y las pronunciadas en otro país de la Unión Europea, incluido el periodo de ejecución. Desde estas premisas, la posterior sentencia del Tribunal Supremo 186/2014 se aparta lógicamente de lo razonado en la sentencia 2117/702, de 18 de diciembre, que rechazó la acumulación en un supuesto similar.

Ahora, tras la Decisión Marco, el planteamiento ha variado. Según la sentencia 186/2014, “nada impide considerar las sentencias dictadas en Francia a los efectos de la acumulación”. Es el criterio seguido en los cuatro autos de la Sección 1ª de la Audiencia Nacional frente al de la Sección 2ª que, en un solo caso y con el voto contrario de uno de sus tres magistrados, se inclinó por no acceder a la acumulación solicitada.

¿Fue correcta la acumulación en la sentencia 186/2014, anterior a la Ley Orgánica 7/2014, cuando ya se había cumplido sobradamente el plazo para la trasposición de la Decisión Marco? ¿Hubo un derecho del reo a la acumulación en aquel tiempo? Y si fuera así ¿no sería irretroactiva la excepción temporal establecida después por la tan repetida Ley Orgánica?

Son los jueces, y sólo los jueces, los encargados por la Constitución para dar respuesta a esas y a otras interrogantes. No necesitan que nadie, y menos desde el Gobierno, les digan lo que deben hacer para evitar la sombra de una prevaricación por razones desconocidas. No son lo mismo la opinión de cualquier ciudadano en uso de su libertad de expresión y la filípica desde el Poder Ejecutivo, particularmente si, como en este caso, están pendientes aún los recursos ante el Tribunal Supremo. El contrapunto ha venido felizmente de la Casa del Rey a propósito de la imputación de la Infanta en el “caso Nóos”: respeto absoluto a la independencia judicial.

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