La imputación de la Infanta Cristina

El Juzgado de Instrucción número 25 de Palma de Mallorca, cuyo titular es el magistrado-juez José Castro Aragón, ha dictado un auto de ciento cincuenta folios que abre el juicio oral en el caso del Instituto Nóos (sin ánimo de lucro) por la posible comisión de muy numerosos delitos con la corrupción multimillonaria como abrazadera. Las proporciones del escándalo, la condición personal de algunos de los implicados y el agotamiento de todos los recursos disponibles contra las resoluciones judiciales explican que hayan transcurrido demasiados años desde que se incoaron estas diligencias previas.

La atención se ha centrado los últimos días en saber si las actuaciones se sobreseían respecto a la Infanta Cristina o si ésta acabaría imputada por algún delito, con lo que ello significaría gráficamente: sentarse en el banquillo de los acusados. El auto, meticuloso y bien razonado, se ha inclinado por la segunda opción. La Infanta no responderá por todos los delitos que la acción popular enumeraba, pero sí como autora, por su cooperación necesaria, en dos delitos contra la Hacienda Pública. Un auto de la Audiencia Provincial, resolviendo hace tiempo un recurso, había rechazado en su día la posibilidad de una imputación por otras infracciones penales. El margen de decisión del Juez de Instrucción quedaba así muy limitado.

Lo más curioso del debate jurídico sobre la apertura del juicio oral también contra la Infanta es que su defensa, y consecuentemente el propio auto del Juez Castro, ponen el acento, más que en la comisión misma de los delitos, en la cuestión procesal previa de si el juicio oral podía abrirse a petición exclusiva de la acción popular, representada aquí por el sindicato Manos Limpias, pero con la oposición del Abogado del Estado y del Fiscal. La argumentación judicial a favor de la apertura del juicio es, se comparta o no, verdaderamente sólida y congruente.

Frente a quienes se oponen a tal decisión, alegando que la solicitud de Manos Limpias, en solitario, únicamente podía ser atendida si el delito afectase a los intereses públicos, entiende el Juez Castro que, aun admitiendo dicha doctrina, no sería aplicable al presente caso. En su opinión, “llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquéllos”. Recuérdese el eslogan de la casa, Hacienda somos todos.

De otro lado, quizás lo mejor para el prestigio de la Corona sea que la conducta de la Infanta Cristina en este escándalo pueda ser juzgada sin más impedimentos procesales. Hasta ahora no se ha enervado su presunción de inocencia. Ya nos dirán los tribunales al final de este largo periplo si la acusada debe ser condenada o absuelta. Y un último apunte. El comentario de la Casa del Rey ha sido modélico. Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Y es que la Justicia se imparte precisamente en nombre del Rey.

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