Eduardo Torres Dulce

La posición del Fiscal General del Reino de España es muy ambigua. Su nombramiento corresponde al Gobierno pero éste no puede cesarlo durante los años que dure su mandato. El Fiscal General no recibe órdenes del Gobierno pero éste puede interesarse por algún asunto concreto. Son presupuestos que convierten a la Fiscalía General en una especie de trapecio que se mueve entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Los fiscales carecen de las garantías de independencia que disfrutan los jueces. Y luego, hacia abajo, su estructura es jerárquica. No hay más fiscal que el Fiscal General del Estado. Los restantes fiscales actúan por delegación.

La vida profesional del trapecista, depende así de muchas contingencias. Los ciudadanos suelen enterarse antes o después de los desencuentros entre el Fiscal General y el Gobierno o alguno de sus miembros. La explicación es muy sencilla. El Fiscal General sirve al Derecho y no a los intereses políticos. El cargo del Fiscal General del Estado no es el mejor para ganar amigos. Ocurre más o menos como con los jueces. Se gana porque se tiene la razón, y nada hay que agradecer, pero se pierde porque nos la han quitado injustamente.

Eduardo Torres Dulce es, además de un magnífico jurista, un caballero. Renuncia al cargo por razones personales, aunque quizá haya otras que no lo son tanto. Ha tenido que enfrentarse con grandes escándalos políticos y financieros, lo que podría haber abierto fisuras entre el Gobierno y un Fiscal General que no coinciden en sus apreciaciones. Uno y otro se acercan al problema desde diferentes ángulos.

Las recientes declaraciones del Ministro del Interior sobre lo que deben hacer o no hacer los jueces en relación con las excarcelaciones que pudieran derivarse de la Decisión Marco 2008/675, de 24 de julio, constituye una prueba evidente de lo que para algunos significan la división de Poderes y la independencia judicial. El señor Ministro no ha expresado una lícita opinión particular, sino que la ha aderezado de manera que los propios magistrados del Tribunal Supremo han tenido que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Valga recordar este hecho como punto de referencia de la difícil situación de un Fiscal General en determinadas circunstancias.

El ahora dimitido Fiscal General del Estado pronunció ante el Congreso de los Diputados el último 26 de noviembre una frase que le honra: “No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer”.

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