Génesis de una vergüenza

De la redención de penas por el trabajo se ocupó el artículo 100 del Código Penal de 1944: “Al recluso trabajador se le abonará un día de su pena por cada dos de trabajo, siéndole de aplicación los beneficios de la libertad condicional cuando, por el tiempo redimido, reúna los requisitos legales para su concesión”. Puesto que la libertad condicional podía alcanzarse tras el cumplimiento de dos tercios de la pena, con el trabajo se reducía a la mitad su duración efectiva. Eso, si no se disfrutaba también de una redención extraordinaria. El límite máximo de cumplimiento de penas por diversos delitos era de 30 años en aquel Código.

La redención de penas por el trabajo se concedía siempre discrecionalmente, aunque sólo fuera posible a partir de ciertos requisitos. Curiosamente, la reforma de aquel artículo por en 1983, cuando arreciaba el terrorismo de ETA, amplió su disfrute por partida doble. De un lado, permitiendo su aplicación anticipada a los presos provisionales y, de otro, suprimiendo la previsión de que los tribunales consignaran expresamente en su sentencia la peligrosidad social del delincuente, supuesto éste en el que no cabía obtener el repetido beneficio.

Es obvio que con aquella legislación se facilitaba la excarcelación de los asesinos en serie. Sobre todo si, como ocurrió, los terroristas redimieron generosamente con trabajos más o menos ficticios. Estas fueron las razones de que, llegado el momento, se tratara de retrasar las escandalosas puestas en libertad acudiendo a la “doctrina Parot”. Un triste punto de obligada referencia en la materia.

Las leyes permanecieron sin cambios hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Este suprimió la redención de penas por el trabajo, pero sólo para el futuro. Las leyes penales carecen de efecto retroactivo en contra del reo. También se redujo a 20 años el límite máximo general para el cumplimiento conjunto de las penas. Menos mal que se mantuvo el de los 30 cuando alguno de los delitos conllevaba pena superior a esos mismos 20 años.

Hubo que llegar a la Ley Orgánica 7/2003 para, cediendo al clamor popular por las excarcelaciones, elevar el límite especial hasta 40 años. La falta de la pena de prisión perpetua se corregía sesgadamente sin renunciar por ello a los principios de nuestro particular progresismo. Lástima que esta novedad tampoco pudiera surtir efectos retroactivos, de manera que no afectaba a las condenas por los asesinatos terroristas cometidos anteriormente. Fue entonces cuando los jueces, no los políticos, se esforzaron en remediar el entuerto con la “doctrina Parot”.

La libertad condicional, la redención de penas por el trabajo y los restantes beneficios penitenciarios en sentido amplio se habían aplicado siempre sobre el repetido máximo de cumplimiento de las penas acumuladas, pero con esta doctrina de última hora se aplicarían sobre la suma aritmética tomando a todas y cada una de ellas por separado. Dado que un cambio legal con ese objeto no hubiera tenido efectos retroactivos, el escollo se salvaría por vía jurisprudencial. No importaba que así, como efecto colateral, los beneficios desaparecieran pura y simplemente cuando la suma ascendía a centenares de años.

Lo que ocurrió después es de dominio público. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautorizó por unanimidad a nuestros Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. La “doctrina Parot” fue rechazada como un fraude de ley. Hubo que acatar la sentencia de Estrasburgo, pero no sin denunciar una clamorosa prevaricación de la que, para mayor “inri”, había sido coautor un juez español contra el que, convertido en chivo expiatorio, se dirigieron toda clase de reproches e insultos. La verdad es que la consiguiente cadena de excarcelaciones fue, sin embargo, el fruto tardío de la disparatada legislación española especialmente en los años ochenta y noventa.

La piedra de escándalo consiste ahora en que las penas impuestas por los tribunales de otros países de nuestro entorno jurídico se equiparan a las de los tribunales españoles para formar la penalidad conjunta con el límite temporal máximo que corresponda. La Decisión Marco 2008/675, de 24 de julio de 2008, se pronunció en tal sentido y dio un plazo para su trasposición hasta el 15 de agosto de 2010. Vencido el mismo sin que el legislador se diese por aludido, la Sección 1ª de la Audiencia Nacional optó por la aplicación directa de la Decisión Marco sin esperar a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2014, que deja fuera de la acumulación las sentencias dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea antes de aquel 15 de agosto de 2010.

Veremos lo que dicen el Tribunal Supremo y, en su caso, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero mientras tanto, en lugar de arremeter contra aquellos jueces de la Audiencia Nacional, según se ha hecho desde el propio gobierno y muchos medios de comunicación, conviene recordar que el problema no existiría si la Decisión Marco hubiera sido traspuesta fielmente y a su debido tiempo. Por lo demás, la respuesta a una petición de libertad no puede retrasarse hasta que entre en vigor una ley que la impida. También aquí juega la prohibición de que la retroactividad penal perjudique al reo. Eso, aparte de que la exclusión de la equiparación según la fecha de la sentencia del tribunal extranjero puede atentar contra la propia Decisión Marco, suscitando nuevos problemas que mal podrían ponerse en la cuenta de los jueces.

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