La prueba del algodón

El descrédito de la clase política y la corrupción generalizada están íntimamente conectados. Se ha robado mucho y se ha hecho la vista gorda con excesiva frecuencia. Hay corrupción por acción y por omisión. Y se insulta a la inteligencia del ciudadano cuando se pretende hacerle creer que en el partido, el sindicato o donde fuera nadie sabía nada. Una versión política del cornudo que siempre es, supuestamente, el último en enterarse, aunque resulte que así lleva mejor tren de vida.

Los españoles escuchan con razonable escepticismo el chaparrón de disculpas y promesas. Se les ha esquilmado metódicamente durante largo tiempo sin que los hechos hayan sido denunciados desde dentro por quienes tenían la obligación de hacerlo. Aquí los únicos colaboradores de la justicia han sido mujeres despechadas y cajeros vengativos. La reacción del colectivo –otros hablarían de casta e incluso de banda- ha consistido en negar la evidencia, reafirmar la honradez del denunciado, correr con sus gastos de defensa y protestar contra tanta calumnia. Al juez no se le ataca abiertamente pero se hace lo posible para que sepa dónde se ha metido. Un velado aviso para navegantes.

Ahora parece que sí, que nuestros responsables políticos van a tomarse en serio la indignación de unos ciudadanos que, como indican todas las encuestas, se alejan de ellos peligrosamente. Muy peligrosamente, porque los partidos políticos son indispensables para democracia. La Historia enseña que los populismos y los totalitarismos de un color u otro llegan al poder cuando la democracia cae en el descrédito. Ahí tenemos los ejemplos de Alemania tras la Primera Guerra Mundial y de Cuba o Venezuela en fechas más recientes.

La lucha contra la corrupción seguirá siendo una entelequia mientras que las leyes penales no se apliquen. Bienvenidas sean las anunciadas medidas de autocontrol y transparencia pero sin dejarse engatusar por la fanfarria de las bellas palabras. La represión más eficaz de la corrupción pasa por la rigurosa aplicación del Código Penal y no hay mejor prevención general que la constatación de que los delincuentes son condenados y las penas se cumplen. Aunque las leyes vigentes sean mejorables, las que ya tenemos habrían bastado para luchar eficazmente contra la corrupción si se hubiesen aplicado, si los tribunales hubieran contado con los medios necesarios para cumplir con su función y si la división de poderes fuera una realidad.

No tiene mucho sentido confiar en promesas y reformas de resultado incierto en lugar de esforzarse en corregir el mal aplicando rigurosamente lo ya legislado y poniendo a disposición de los jueces los medios indispensables para que nuestro sistema jurídicopenal funcione adecuadamente. En aras de la justicia y de la salud pública pero también de nuestro prestigio internacional. La corrupción a gran escala y los escasos esfuerzos para combatirla no dicen mucho a favor de la marca España.

Por lo demás, las reformas de las leyes penales carecen de efecto retroactivo en contra del reo, por lo que no afectarán a la corrupción pasada. Pero es ahí donde los partidos políticos, sindicatos y otros colectivos tienen una oportunidad única para demostrar que, al menos a partir de ahora, se toman en serio la indignación popular en relación con el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. A estas alturas, y a la vista de las numerosas y complejas tramas que ya han llegado a los tribunales, resulta evidente que los hechos pudieron y debieron ser denunciados por las correspondientes cúpulas, como ahora se dice. Y el no haberlo hecho demuestra la existencia de una enorme corrupción pasiva que justifica sobradamente la sensación de que la corrupción forma parte del aire que respiramos.

Quiere decirse que este es el momento de que se denuncien desde dentro, con pelos y señales, los latrocinios amparados hasta ahora por la ley mafiosa del silencio. Eso sí que sería una contribución actual y decisiva en la lucha contra la corrupción. La prueba del algodón.

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