A vueltas con los indultos

El indulto es una manifestación del derecho de gracia, cuyo ejercicio compete al Rey según el artículo 62.1 de la Constitución, y se concede mediante Real Decreto según dispone la Ley de Indulto de 1870. Lo curioso es que dicho texto de hace siglo y medio sólo ha sido modificado tras la vigente Constitución en una línea involucionista a favor del Poder Ejecutivo y en detrimento del Judicial.

En este sentido, la Ley 1/1988, de 14 de febrero, aportó algunas novedades que amplían la discrecionalidad del Gobierno. Se suprimen para ello algunos trámites, se ocultan los motivos de la concesión y se prescinde del dictamen del Consejo de Estado. Y desaparece asimismo la necesidad de contar con su informe favorable para la concesión de un indulto total.

La Ley del Indulto de 1870 continúa distinguiendo entre los motivos válidos para obtener un indulto parcial y los exigidos para uno total. Nada se indica, ni siquiera a modo orientativo, en el primer caso, pero en el segundo supuesto se requieren motivos expresos de “justicia, equidad o utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador”. Una previsión que queda, no obstante, en papel mojado si el indulto parcial se aproxima en exceso al total.

La deficiente regulación del indulto con las novedades dichas tenía que desembocar, como efectivamente ha sucedido, en una práctica arbitraria, sobre todo por la falta de motivación expresa y publicada. Ahora estamos viendo la repulsa que han suscitado, en términos de muy justificada indignación popular, los indultos concedidos a ilustres capitostes de la corrupción generalizada que floreció durante muchos años en los ámbitos políticos, sindicales, empresariales e incluso institucionales sin que nadie hiciera algo para evitarlo.

La legislación del indulto requiere una modificación profunda que pudiera incluir las siguientes propuestas:

1ª. Los indultos parciales o totales por razones de justicia sólo se concederán a instancia o con informe favorable del tribunal sentenciador.

2ª. En la tramitación de todos ellos volverá a oírse al Consejo de Estado.

3ª. La motivación del indulto será siempre expresa y pública.

Y 4ª. No habrá indultos en los delitos de corrupción económica, al menos mientras no se hayan satisfecho todas las responsabilidades civiles.

También convendría meditar sobre el establecimiento de un plazo para la tramitación y concesión del indulto y, paralelamente, para la suspensión de la pena como consecuencia de su tramitación.

Y un apunte último. Atenta frontalmente contra el Estado de Derecho y la división de poderes que el Gobierno, aunque sea con la intervención formal del Rey, indulte por razones de justicia –precisamente de justicia- contra la voluntad o a espaldas de los jueces. Es además un contrasentido que éstos hayan de motivar las condenas mientras que su vaciado a través del indulto se realiza, por decirlo así, a puerta cerrada y siguiendo el ejemplo de Juan Palomo.