Doctrinas penales con nombre propio

Según el artículo 101 de la todavía vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, “la acción penal es pública” y “todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley”. El “todos” no distingue entre los ofendidos por el delito y cualquier otra persona. Sin embargo, en el primer caso se habla de acción particular en sentido estricto mientras que la jurisprudencia y la doctrina han acuñado para el segundo la expresión acción popular, una denominación completamente ajena al texto legal. Durante más de un siglo los efectos de una y otra han sido los mismos, de modo que lo predicado de la acusación particular se extendía a la popular como mera variante de aquella.

La equiparación de la acción particular y la acción popular se quebró, no obstante, en la sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, con la denominada “doctrina Botín”. La novedad tropezó con tal oposición que fue preciso sustituir al ponente inicial, quien luego emitió un voto particular en contra, al igual que hicieron otros magistrados. Se razonaba en el sentido de que el procedimiento abreviado, como excepción a la regla general, sólo legitimaría al fiscal y a la acusación particular para pedir la apertura del juicio, por lo que en este caso no procedería abrirlo a instancias únicamente de una acusación popular.

Y eso, pese a que incluso el artículo 761 de la LECr, dentro ya del procedimiento abreviado, se refiere de entrada al “ejercicio por particulares, sean o no ofendidos por el delito, de la acción penal o de la civil derivada del mismo”, y que a continuación el artículo 780, sobre la preparación del juicio oral, dispone que se dé traslado de las diligencias previas al fiscal y a “las acusaciones personadas”, sin mayor precisión. No parece que a partir de ahí hayan de limitarse los efectos de la acción popular porque la ley siga sin mencionarla expresamente.

La nueva doctrina era tan endeble que fue corregida cuatro meses más tarde por la Sentencia 54/2008, de 8 de abril. A su tenor, la discriminación de la acusación popular se circunscribiría a los delitos contra bienes jurídicos individuales, por lo que bastaría la petición de la acusación popular para la posible apertura del juicio siempre que los delitos atentaran, exclusivamente o no, contra bienes jurídicos colectivos. Es obvio que tras los delitos contra la Hacienda Pública, y como razón de los mismos, hay un fraude en perjuicio del interés general de la ciudadanía que paga sus impuestos. Se habla entonces de la “doctrina Atuxa”.

No es arriesgado entender que, conforme a esta segunda doctrina, bastaría la acusación popular para poderse abrir el juicio contra la infanta Cristina. En esta ocasión existe además un elemento nuevo en la misma dirección: la propia Audiencia viene a reconocer la posible comisión del delito imputado, lo que alejaría el fantasma de cualquier abuso extrajurídico. Y sucede, por último, que las restricciones a los efectos de la acusación popular en el procedimiento abreviado (y no en el ordinario) se basan en la clase de delito, algo que no contempla el articulado. Quizá fuera más correcto abandonar por completo aquella alambicada especialidad para el procedimiento abreviado. La “doctrina Borbón” podría cerrar definitivamente la deriva abierta con la sorprendente y endeble “doctrina Botín”. La correcta interpretación de las leyes no precisa de muchas novedades que, por una u otra razón, se conocen después con nombres propios.