¿Otra algarabía?

El Gobierno de España consideró inconstitucional la consulta soberanista impulsada por la “Generalitat” catalana y la impugnó ante el Tribunal Constitucional por ver en ella un referéndum encubierto. La respuesta fue suspender su celebración a la espera de dictar en su día la sentencia correspondiente. La “Generalitat” disfrazó entonces su propósito con un cambio de nombre, pero el Tribunal Constitucional reiteró su anterior postura: admisión a trámite del segundo recurso y suspensión provisional. La nueva reacción de la “Generalitat” consistió esta vez en parapetarse tras un ejército de voluntarios que actuaría siguiendo sus indicaciones. Y el presidente Mas asumió finalmente cualquier responsabilidad por “el acto participativo”.

Los hechos ocurridos el 9N podrían tipificarse como delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, pero lo cierto es que nada se hizo para impedirlo en su momento. Habrá que esperar, por consiguiente, a las iniciativas fiscales y judiciales de los próximos días. O sea, que hoy por hoy los independentistas se han salido con la suya sin encontrar un solo obstáculo en su camino. Ha pasado lo que, según se nos hizo creer, no pasaría nunca. Si la votación no tuvo todas las garantías deseables, la responsabilidad sería, para más inri, del Gobierno de Madrid por oponerse a una convocatoria plenamente ajustada a derecho.

La política de amagar y no dar es muy peligrosa, sobre todo cuando la experiencia ha demostrado machaconamente sus negativos efectos en un escenario determinado. El metódico incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en áreas tan sensibles como la lingüística y la educativa sirven de ejemplo. Veremos lo que ocurre en esta ocasión, pero la insistencia en mirar hacia otro lado no es el mejor mensaje para quienes, contra viento y marea, defienden la unidad de España en aquellas tierras. Los marxistas hablan del viento de la historia y si éste sopla ininterrumpidamente en la misma dirección, disminuye la resistencia frente a lo que parece inevitable.

Las causas que nos han llevado al borde del precipicio son muy variadas, pero la gran crisis comienza cuando el anterior presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, asegura solemnemente que se aprobaría el nuevo Estatuto de Cataluña tal y como llegase de Barcelona. Luego, cuando la promesa no puede cumplirse y no se cumple, se producen un sentimiento generalizado de frustración y la pérdida de toda confianza en “Madrid”. En adelante sólo los catalanes decidirán su futuro. Y en eso estamos. Las próximas elecciones autonómicas se convertirán, si es preciso, en un plebiscito sobre la independencia.

La hoja de ruta preparada por la “Generalitat” no es, precisamente, una chapuza. Así, se ha evitado hasta ahora toda mención directa a una declaración de independencia. Se puede desear el derecho a la decisión unilateral para a partir de ahí propugnar una reforma constitucional que permita la secesión. La consulta se ha celebrado. Descafeinada, pero se ha celebrado. Para saber quién va ganando el pulso basta observar las caras de unos dirigentes y otros. Ya no cabe refugiarse en una “algarabía” para disimular la gravedad del problema y vanagloriarse después por no haber caído en la provocación. A lo peor resulta que el presidente Mas, astuto o no, va ganando por puntos y, quizás por muchos puntos.