Sobre la corrupción:4. Las malversaciones impropias

El vigente Código Penal de 1995 no sólo fracasó en su respuesta al terrorismo, obligando a construir como último remedio la disparatada doctrina “Parot”. También abrió las puertas a la corrupción sistémica descriminalizando para ello las dos variantes tradicionales de la llamada malversación impropia.

Seguimos castigando a la autoridad o funcionario que sustrae los caudales públicos a su cargo, pero ya no es delito darles “una aplicación diferente a aquella a que estuviesen destinados”. Ahora el dinero destinado a montar un hospital en el tercer mundo puede gastarse en la cúpula de un palacio ginebrino de Naciones Unidas. Como se podría organizar un viaje a China, oficial naturalmente, con el dinero previsto para arreglar una carretera.

Lo mismo sucede con la malversación pasiva como segunda especie de malversación impropia. Continúa delinquiendo la autoridad o funcionario que consiente a un tercero llevarse los caudales públicos, pero se va de rositas quien “por olvido o negligencia inexcusables diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos”.

Los entrecomillados en los dos párrafos anteriores corresponden con los dos artículos desaparecidos en 1995. Los autores del Código Penal de ese año adujeron el principio de intervención mínima porque, en su opinión, esas conductas podrían castigarse en el ámbito administrativo sin necesidad de sentar a nadie en el banquillo y, menos aún, enviarlo a la cárcel.

El error del legislador, suponiendo que sólo fuera un error, fue olvidar que la vía sancionadora administrativa, eficaz tal vez para el funcionario de a pie, resulta inoperante cuando el desvío del dinero o la negligencia en su manejo se predican de un ministro o un subsecretario. Sería interesante saber si por esas razones ha sido sancionado hasta ahora algún alto cargo. No hacía falta mucha imaginación para predecir los tejemanejes de FILESA y compañía, una práctica ininterrumpida hasta hoy mismo porque los gobernantes varían pero no la condición humana.

Lo más curioso es, sin embargo, que han pasado casi veinte años desde que se promulgó el Código Penal de 1995 y que éste ha sido modificado en veintitantas ocasiones, pero nadie ha reclamado la reintroducción de aquellos dos artículos. ¿Se resisten los partidos políticos a perder la bicoca? ¿Hoy por mí y mañana por ti? Una de las obras más conocidas de nuestro “nobel” Jacinto Benavente se titula “Los intereses creados”.

Vaya una última observación. Los partidos políticos están en su derecho de propugnar a su costa la independencia de, por ejemplo, Cataluña. Pero si la “Generalitat” se suma a la campaña e incluso la encabeza, invirtiendo en ella los caudales públicos, y si esa finalidad excede de sus competencias, habría que preguntarse si no se estará cometiendo un delito de esa malversación propia no afectada por los recortes de 1995.