Sobre la corrupción: 3. Los pactos políticos

Los acuerdos que cierren el PP, el PSOE y otras fuerzas políticas para cesar en sus respectivos cargos e incluso dar de baja a sus militantes imputados, procesados, acusados o condenados por algún delito puede servir para terminar con el insoportable “vosotros más”, pero no es suficiente para avanzar en la lucha contra la corrupción. Lo que el pueblo español reclama a voces, y ya desde hace mucho tiempo, es que también nuestros gobernantes y dirigentes políticos cumplan la ley como el resto de los mortales. En este caso, comunicando de inmediato a los jueces o fiscales la posible comisión de un delito en su entorno más próximo.

No interesan tanto las obligaciones recíprocas contraídas en aquellos pactos como la estricta observancia de las leyes, y particularmente de las penales. El deber de denunciar conforme al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, no depende de consensos políticos. Es la sociedad en su conjunto la llamada a exigir responsabilidades como el propio ordenamiento jurídico dispone. Un partido político no necesita mirar por el rabillo del ojo para saber lo que hacen o no hacen los otros en casos similares. Y menos aun cuando gobierna con mayoría absoluta, de modo que puede reformar la legislación si fuera necesario, cuidando, además, de que las páginas del BOE no continúen siendo papel mojado en esta materia.

Los consensos para apartar de la política a los implicados en la corrupción interesan bastante menos que los dirigidos a reforzar la respuesta penal frente a esa gravísima lacra. Se trata de conseguir que los procesos penales por corrupción, a diferencia de lo que ocurre actualmente, concluyan en tiempo razonable. ¿Se acuerda alguien de cuándo empezaron las diligencias en el caso de los “EREs” andaluces, en el “Gürtel” o en tantos otros episodios de un escándalo que parece no tener fin? ¿Se atreve alguien a calcular cuántos años deberán de transcurrir todavía antes de que haya recaído sentencia firme en todos ellos?

La legislación vigente, empezando por el Código Penal de 1995, es muy mejorable. Luego, la insuficiencia de medios de la Administración de Justicia hará el resto para llegar a la deplorable situación actual. Cuando el presidente del Gobierno afirma que “si está aflorando la corrupción es porque el Estado de Derecho funciona”, no dice toda la verdad. Los escándalos afloran porque la corrupción ha hecho estallar las costuras de nuestra larga y casi infinita paciencia. Es precisamente ahora cuando se comprueba que la Administración de Justicia sólo funciona a trancas y barrancas porque no está preparada para procesar tanta inmundicia. Sobran aquí los aspavientos de sorpresa y los razonamientos retorcidos.

En su día volveremos sobre las insuficiencias de nuestra legislación penal, pero ya hemos apuntado una de ellas. Quizá conviniese convertir en delito el mirar hacia otro lado, objeto hoy del citado artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es increíble que esa conducta sólo siga castigándose con una multa administrativa o gubernativa de 250 pesetas. Y eso, en teoría, porque el precepto ni siquiera se aplica. En resumen, pactos sí, pero en primer término para que los delincuentes de cuello blanco sean castigados como se merecen y a su debido tiempo. La cárcel es, además de una pena, el mejor aviso para navegantes de toda laya y condición.

Los fuegos artificiales están muy bien pero mejor sería haber dedicado a la policía, los fiscales y los jueces los dineros dilapidados en eventos inútiles aunque muy apropiados para el cobro de comisiones, en los innumerables “observatorios” que durante los últimos años han proliferado por todas partes, en las alianzas de civilizaciones, en la promoción imposible de la marca España cuando la corrupción, el paro y el secesionismo catalán son hoy nuestras tarjetas de visita y, como guinda de actualidad, en la creación de un Consejo de Transparencia conforme a lo dispuesto en la correspondiente ley, siendo así que mucha más falta haría un Consejo de Colaboración con la Justicia. El humorista Forges ha ido más allá al pedir la creación de una Secretaría de Estado de A Buenas Horas Mangas Verdes. Lo que no ha dicho es si se ubicaría en la Presidencia del Gobierno o en algún Ministerio.