Sobre la corrupción: 2. La presunción de inocencia

La presunción de inocencia, proclamada en el artículo 24.2 de la Constitución, opera en el ámbito de la jurisdicción penal pero no en la política. Los jueces sólo pueden condenar e imponer la correspondiente pena cuando hay prueba suficiente de que el acusado cometió el hecho delictivo. Se presume que toda persona es inocente mientras no se acredite lo contrario, pues únicamente entonces se habría enervado aquella presunción. Ahora bien, los jueces no suelen afirmar de forma expresa que la persona absuelta no haya realizado los hechos en cuestión.

La más pequeña duda sobre aquel extremo llevará a la absolución. No importa que los propios jueces consideren muy probable la comisión de los hechos delictivos. Ninguno de los firmantes de la sentencia absolutoria querría, sin embargo, tener como profesor de natación de su hijo pequeño a quien absolvió porque sólo estuvo “casi seguro” de que era un peligroso pedófilo. Más bien le faltaría tiempo para buscar un monitor de mayor confianza.

La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge tan elemental distinción. Tiene derecho a una indemnización por parte del Estado quien, habiendo sufrido prisión provisional, resulte finalmente absuelto por la declarada inexistencia del hecho. No lo tiene, por el contrario, quien lo fuera por falta o insuficiencia de prueba.

Puede ocurrir, de otro lado, que la absolución se deba a que las pruebas, aun habiéndolas, fueran mal obtenidas. En este caso, por ejemplo, los ciudadanos mismos serán quienes valoren unas conversaciones telefónicas que, pese a su exclusión del proceso como consecuencia de algún defecto formal, son indiscutiblemente veraces al confesar detalladamente un delito. Otro supuesto podría ser el del hallazgo de cocaína en un registro cuando el mandamiento carece de algún requisito legal.

Es una falacia sacar de contexto las normas relativas al proceso penal. Los ciudadanos son libres para pronunciarse directa y personalmente sobre la confianza que les merece un político a partir de su vida y hazañas. Y eso, en cualquier momento, sin esperar a la última palabra de una justicia cuya velocidad de crucero suele medirse por quinquenios cuando se enfrenta a la corrupción sistémica que se ha convertido en uno de los principales problemas de España.

Repárese también en que no todo lo reprochable en términos sociales y políticos constituye delito. Recuérdese asimismo que grandes criminales como Stalin y Hitler disfrutaron y siguen disfrutando de la presunción de inocencia. Bueno es por eso subrayar cómo los propios partidos políticos ya no se aferran tanto a la presunción de inocencia de sus militantes. Basta con una acusación o un procesamiento para cortar la rama todavía presuntamente sana desde el punto de vista judicial. Y téngase bien claro que las responsabilidades políticas, a diferencia de las penales, no prescriben nunca.