La igualdad ante la ley

De poco sirve, en términos de Justicia, la igualdad ante la ley si esta no se aplica por igual para todos, cosa que, desgraciadamente, no es una rareza ni en España ni en otros muchos países tenidos por avanzados, cultos y jurídicamente respetables. Pero tampoco la igualdad en la aplicación de la ley vale de mucho si la ley misma es discriminadora e injusta.

Se dice con razón que la ley, aquí y en China, cuida de modo particular los intereses de las clases dominantes. Y alguien añadió que los poderosos -me refiero particularmente a las leyes penales- las sortean por arriba mientras que los desheredados de la fortuna se escurren por debajo. Sólo que los delitos de los primeros en el ámbito económico suelen ser mucho más graves que los del pobre diablo que roba la cartera de su víctima o arrebata un bolso por el procedimiento del tirón.

Viene esto a cuento de lo que está ocurriendo en España, donde es bastante improbable que, por un motivo u otro, acaben en la cárcel quienes se lo llevaron crudo de las Cajas de Ahorro, empezando por la de Madrid, con premeditación compartida e ingeniería de la mejor calidad. De actualizar la frase evangélica, diríamos hoy que la entrada de un corrupto de cuello blanco (o sindicalmente homologable) en el reino de los cielos es más difícil que el paso de un camello por el ojo de una aguja.

La corrupción, sobre todo la planificada en gran escala, raramente llega a los tribunales si no es por la denuncia de quien quiere arreglar cuentas con el resto de la banda o por la iniciativa de una mujer despechada. Luego, ya se sabe, los mejores abogados, la exquisita garantía de los derechos fundamentales, los recursos y una Administración de Justicia incapaz de procesar tanta inmundicia en tiempo razonable.

El botín no se recupera casi nunca y así, cuando los mangantes salgan de la cárcel, si es que llegan a permanecer en ella algún tiempo sin generosos terceros grados y libertades condicionales, disfrutarán del mismo tren de vida que antes. En definitiva, nada (o muy poco) por aquí y nada (o muy poco) por allí. La prestidigitación es el arte de engañar al público. Algo ya escenificado con gran éxito en los “eres” y cursos de formación andaluces, el tres por ciento (o lo que sea) en Cataluña, el caso Gürtel, las rapiñas sin fronteras del Duque de Palma y el enriquecimiento prodigioso de un sindicalista asturiano, por aportar algunos botones de muestra.

En la calle siguen los trileros de la vieja Caja Madrid, muchos de ellos con bienes suficientes para vivir hasta el final de sus días como un rey en Francia. Son los mismos cuya nefasta gestión tuvo como canto del cisne las acciones preferentes y los desahucios a granel. Veinte mil millones del dinero público han sido precisos para reflotar la entidad, cuatro veces más que el coste calculado para reconstruir la franja de Gaza tras ser arrasada por el ejército israelí y cifra muy superior al de las ayudas de la Unión Europea a Ucrania en el marco de un conflicto internacional. Conviene no perder de vista estas comparaciones para comprender bien hasta dónde ha llegado en España una corrupción institucional de la que dicen no haber sabido nada quienes colocaron allí a semejantes individuos. Se supone que, para mayor “inri”, los más competentes, honestos y de toda su confianza. No, la Justicia es otra cosa.

A Pablo Iglesias se lo están poniendo como le ponían las bolas de billar a Felipe II. Después, ya se sabe, las reclamaciones al maestro armero.