Mareando la perdiz en Cataluña

El Ministerio de Asuntos Exteriores (y no de asuntos catalanes) ha elaborado un informe en el que se detalla el coste que la independencia tendría para Cataluña, concluyendo que el nuevo Estado quedaría en el limbo jurídico de una entidad política sólo “de facto”, como Osetia del Sur y Abjasia. Es, por ahora, el último consejo no solicitado para que los secesionistas cambien de opinión. Si las cosas acaban mal, no será culpa nuestra. Ni nuestra ni de la Unión Europea, que les recuerda cada dos días los efectos de la independencia: salida y a la cola.

Todo eso está muy bien pero no guarda mucha relación con las intransferibles obligaciones que sólo a nuestros gobernantes competen. Lo que los españoles quisiéramos saber es qué medidas constitucionales y legales se aplicarían si, como no se cansan de repetir desde la Generalitat, el proceso sigue adelante con una ley de consultas o convirtiendo la independencia en el único tema de las próximas elecciones autonómicas, adelantadas o no. Llegado el momento ¿qué? ¿Se celebrarían las elecciones? ¿Se aplicaría el artículo 155 de la Constitución? ¿Dónde colocaría el gobierno la línea roja? ¿Será el silencio oficial una buena táctica? Lo único cierto es que la política de cesiones y componendas nos ha llevado a la situación actual pese a que una gran mayoría de los catalanes respaldaron en su momento la Constitución de 1978.

Los problemas no se resuelven dejando que se pudran, según hemos hecho durante treinta años con la persecución de la lengua común de España, el incumplimiento sistemático de las sentencias de los tribunales y el alegre ondear de banderas separatistas suplantando a la española en los edificios oficiales. ¿Será ya demasiado tarde para reconducir la situación con las leyes en la mano y sólo nos resta el recurso a los buenos consejos?

La insistencia en los perjuicios que la secesión tendría para Cataluña no debería servir de pretexto para eludir la responsabilidad institucional. El fanatismo no repara en el precio. Y, naturalmente, convendría no establecer estúpidas comparaciones entre una Cataluña independiente y Albania. Lo que nos gustaría saber es en qué consiste el plan que el presidente Rajoy asegura tener para Cataluña porque, después de incumplir clamorosamente sus promesas electorales sobre la rebaja de impuestos o la división de poderes, no hay que creer a pies juntillas en su existencia, y menos aún en su eficacia si, como es norma de la casa, se aplica demasiado tarde.

La gran cuestión no es si Cataluña saldría perdiendo (y de paso el resto de España), sino que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española”, de forma que la secesión sería imposible sin previa reforma constitucional, aunque hoy contara con un gran respaldo en toda España, lo que, por lo demás, no ocurre. Eso no impide, sin embargo, distinguir entre la expresión del deseo de una secesión unilateral y declaración misma de independencia. Lo uno puede ser el primer escalón hacia la meta deseada pero no es, al menos todavía, una declaración de independencia. Conviene evitar errores similares a los cometidos con la doctrina Parot, un remedio “in extremis” porque no se supo o no se quiso legislar a su debido tiempo para que los terroristas de ETA no siguieran reduciendo sus condenas gracias a la franquista reducción de penas por el trabajo.