La pertenencia a ETA sigue siendo un delito

Puesto que llevamos varias semanas informando sobre la abdicación del rey Juan Carlos I y la subida al trono de su hijo Felipe VI, quizás agradezca el lector algunas líneas sobre una cuestión totalmente distinta, en la que se mezclan algunas reflexiones sobre la pertenencia a ETA, la presunción de inocencia y los riesgos de una política de puertas más o menos abiertas para los etarras que no tengan las manos manchadas de sangre.

El etarra Kapa Pikabea reconoce ahora haber asesinado a Carlos García, estanquero de Eibar, el 8 de octubre de 1980. El delito habría prescrito porque el legislador español se tomó su tiempo hasta declarar la impresciptibilidad de los delitos de terrorismo. Hubo que esperar a la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de diciembre, para introducir esa previsión en el artículo 131 de Código Penal, aunque solo fuera para los que hubieran causado la muerte de una persona. Un poco tarde, como puede verse. El señor Kapa Pikabea es un asesino, con perdón, para todo el mundo menos para la justicia, porque ya no se podrá enervar su presunción de inocencia. Lo que demuestra, una vez más, la diferencia que hay entre la presunción de inocencia en el ámbito judicial y fuera del mismo. También hay muchos corruptos que ni son condenados ni entran en la cárcel pero todo el mundo los conoce.

Otro etarra que se sentó en el banquillo hace pocos días por delitos terroristas concretos, pero no por su pertenencia a banda armada, proclamó ante sus jueces que se sentía orgulloso de seguir siendo miembro de ETA. No hay noticia –y me gustaría equivocarme- de que se hayan incoado diligencias penales por este otro delito. Puede entenderse, respecto a los anteriores, que la pertenencia a la organización terrorista fuese sólo el presupuesto natural de las fechorías por las que fue condenado, pero ahora se trata de un delito que se está cometiendo hoy mismo y para el que, consecuentemente, no hay excepción de cosa juzgada. Las viejas condenas no inmunizan para el futuro. Y en caso de duda pueden verse la doctrina y la jurisprudencia alemanas a propósito de la banda Baader-Meinhof.

Puesto que la pertenencia a banda armada es un delito, haría bien el Gobierno en cuidar con esmero su política de puertas abiertas para los etarras residentes en el extranjero que quieran regresar a España por no tener causas judiciales pendientes. Parece pensarse sólo en los asesinatos, lesiones, incendios y otros delitos de resultado, con olvido de que la pertenencia a organización criminal es una figura de pura actividad que se consuma en sí misma. Además, la prescripción es un hecho extintivo sobre el que deben pronunciarse los jueces, y no el Gobierno, caso por caso y a partir del cese, igualmente acreditado, de aquella pertenencia.

La viabilidad de las ofertas, sobre todo en forma de paquete, no depende sólo de la voluntad del oferente. Como dicen los alemanes, no puede hacerse la cuenta sin antes oír al cocinero. Y aquí los cocineros son la legislación vigente y los jueces.