Fueros, inviolabilidad e irresponsabilidad

Como durante tres décadas y media no hemos tenido tiempo de prever las consecuencias de una abdicación real pese al permanente recordatorio del artículo 57.5 de la Constitución, ahora toca hacerlo con premuras y por entregas. Lo escribimos días atrás, pero conviene repetirlo porque según Rajoy estamos dando un ejemplo al mundo. Debe referirse a nuestro sentido de la improvisación, con alto riesgo de caer en la chapuza. Lo más fácil ha sido regular por Real Decreto los títulos, tratamientos y honores del Rey abdicado y de su esposa. Tampoco habrá muchos problemas con un aforamiento que, innecesario para el Rey reinante pero nunca disfrutado por la reina Sofía, procede conceder a ambos. El aforamiento sólo significa que la aplicación de las leyes al aforado se realiza por un tribunal superior al competente para el común de los mortales. Menos razonable es que se pretenda establecer también un fuero civil.

Los verdaderos problemas surgen alrededor de la inviolabilidad e irresponsabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución únicamente atribuye a “la persona del Rey”. Esta precisión permite entender que tales privilegios decaen cuando esa persona abdica y, por consiguiente, deja de ser Rey. Con tal exégesis, ambas prerrogativas también habrán surtido efecto durante todo el reinado aunque los hechos fueran anteriores. Cuestión distinta es el ámbito de los repetidos privilegios. Hay juristas, entre los que me incluyo, que lo circunscriben al penal y al administrativo sancionador, mientras que otros lo llevan hasta la jurisdicción civil. Una de declaración de paternidad no se comparece bien con el concepto de responsabilidad, aunque no haya sido esa la opinión de dos juezas madrileñas al inadmitir sendas demandas de esa clase.

Otra espinosa cuestión es la de si dichas excepciones cualificadas a la igualdad de todos los españoles ante la ley, con su inevitable incidencia sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, pueden prorrogarse por ley a los hechos posteriores a la abdicación. Y habría que optar, de otro lado, entre la simple continuidad de los beneficios reales del artículo 56.3, independientemente de la postura que se sustente sobre los mismos, o un recorte compensado por el aforamiento. Todo indica que los españoles no somos partidarios de la impunidad absoluta por cualquier delito y, menos aún, cuando ya no se ejercen las funciones propias de un Jefe de Estado.

Al margen de la inclinación personal por la Monarquía o la República, hoy vivimos en el Reino de España, por lo que su buen funcionamiento nos interesa a todos. Estas líneas no pretenden adelantar soluciones, sino ser un toque de atención frente a veleidades, improvisaciones y voluntarismos en tan delicada materia. Los errores, antes o después, se pagan. Como estamos pagando la larga desobediencia a un mandato constitucional. La regulación de la inviolabilidad y la irresponsabilidad del anterior Monarca hubiera sido más fácil cuando nadie discutía el prestigio de Juan Carlos I.