¿Por qué la abdicación precisamente ahora?

La abdicación del Rey Juan Carlos I no ha sido una gran sorpresa, pero sí el hecho de que se produzca precisamente ahora, cuando se habían redoblado los esfuerzos para mejorar su imagen en todos los medios de comunicación oficiales y en muchos de los privados. De ahí la sospecha de que algo ha ocurrido o podría ocurrir en un futuro próximo. Hay que recibir con escepticismo la versión de que estamos ante una decisión tomada hace tiempo, aunque con efecto diferido. Los viajes del Príncipe de Asturias, de la reina Sofía y de la infanta Elena denotan más bien una urgencia sobrevenida.

Es una lástima que, como ya se dijo en un comentario anterior, ni siquiera hayamos tenido tiempo de elaborar la Ley Orgánica que debe regular las abdicaciones y renuncias según el artículo 57.5 de la Constitución. Nuestros gobernantes pensaron que lo mejor era olvidarse de tal compromiso, pero con su pasividad han hecho un flaco servicio a la monarquía. Algunas cuestiones tan espinosas y polémicas como, por ejemplo, la de los privilegios de quien ha dejado de ser rey, siguen peligrosamente en el aire. Hoy la tarea será más difícil que hace diez, veinte o treinta años.

La táctica del avestruz y la negación de la evidencia son dos errores garrafales en las instituciones y en la política. Guste o no, se sea republicano o monárquico, es lo cierto que desde la ya lejana fecha del 23-F el respaldo popular a La Corona ha disminuido drástica y progresivamente. Tanto, que los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, con su significativo corrimiento de votos hacia la izquierda republicana, quizás hayan sido otras razones concurrentes para la abdicación del Rey Juan Carlos I. Su hijo, el Príncipe de Asturias, es persona que, piénsese lo que se quiera sobre la mejor forma de gobierno para España, se ha mantenido al margen de todos los escándalos que aconsejarían un cambio en la jefatura del Estado.

Ninguno de los graves problemas de La Corona española en los últimos años guarda relación con el Rey como símbolo del Estado o moderador del funcionamiento regular de las instituciones como previene el artículo 56 de nuestra Carta Magna. Al contrario, la mayoría de ellos responde a actividades ajenas a las competencias que al Monarca atribuye nuestra Constitución. La figura del Rey se ha confundido a veces con la del “conseguidor” en escenarios poco recomendables, como sería el caso de esas monarquías de la península arábiga donde hay más petróleo que derechos humanos.

Las facultades mentales de Juan Carlos I nada tienen que envidiar a las de Isabel II y tampoco parece que a la hora de viajar haga comparativamente un mal papel. Lo que ocurre es que la soberana británica ha evitado correr riesgos innecesarios. Confiemos en que, aprendida esa lección y fortaleciendo la igualdad de todos ante la justicia, el rey Felipe VI pilote sabiamente la Monarquía. También se lo agradecerían los muchos republicanos que ponen los intereses de España por encima de todo.