Mucha corrupción y poca Justicia

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el volumen y la complejidad de las causas por corrupción desborda ampliamente la capacidad de los fiscales para combatirla como dispone la legislación vigente. Ha dicho el Fiscal General que “la realidad diaria de las Fiscalías provinciales ante el fenómeno de la corrupción, debo reconocerlo ante sus señorías, es descorazonador, pudiendo afirmarse que los mecanismos de los que se ha dotado a la Administración de Justicia son más bien escasos”. También ha declarado que “más del 80% de las causas de corrupción se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea poco menos que titánica”. La conclusión sería que con frecuencia aquellos procedimientos estarían destinados al fracaso.

El Fiscal General del Estado no ha hecho sino poner negro sobre blanco algo evidente que es, además, aplicable a toda la Administración de Justicia. Hay que ser interesadamente ciego para no ver que nuestros Juzgados y Tribunales, amén de las Fiscalías, disponen, ciertamente, de medios personales y materiales para juzgar a un asesino pasional o al ladronzuelo de turno, como en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, pero no para procesar una corrupción que se presenta en ocasiones como criminalidad organizada bajo el paraguas de las administraciones, los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales.

Si es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, más improbable todavía es que estos corruptos al por mayor vayan a la cárcel por algunos años. El Poder Judicial, una de las columnas del Estado de Derecho, no ha merecido el mismo trato que, por ejemplo, esa Agencia Tributaria tan efectiva frente al pequeño contribuyente de nómina controlada y tan poco eficaz frente a los defraudadores de millares o millones de euros. Llama la atención cómo muchos delitos relacionados con Hacienda llegan a los Tribunales sin que aquella hubiera tenido hasta entonces noticia de los mismos. Las andanzas del Duque de Palma son sólo un ejemplo.

Los grandes escándalos por la corrupción casi ambiental que padecemos se suelen presentar como racimos de delitos conexos en los que es muy difícil la parcelación sin romper la continencia de la causa. Con el problema añadido de los numerosos y frecuentemente injustificados aforamientos ante los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo. Lo correcto sería, en buena técnica, que la instrucción pasara a dichos Tribunales tan pronto hubiera indicios de la implicación de una persona aforada. Pero resulta que esos Tribunales no cuentan siquiera con jueces instructores, por lo que han de nombrarlos caso por caso entre sus propios magistrados. Esa circunstancia y el hecho de que algunos de ellos no hayan instruido un sumario en toda su vida no son precisamente la mejor garantía de que la investigación judicial en tan altas esferas se hará con rapidez, profundidad y acierto.

Por si faltaba algo, la composición de la Sala del Tribunal Superior de Justicia que juzgará al aforado, por lo común un político, está diseñada especialmente para él. Además del Presidente, sólo afectado hasta cierto punto por la politización del Consejo General del Poder Judicial, y de un segundo magistrado que llegó al cargo por rigurosa antigüedad, existe en ella un tercer magistrado que, conocido coloquialmente como “el magistrado autonómico”, habrá sido elegido por el Consejo General del Poder Judicial entre los incluidos en terna por la asamblea legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma. O sea, un magistrado a gusto de los políticos para juzgar a los políticos. Podrá ser tan independiente como cualquier otro, pero su imagen llevará siempre la marca indeleble de su particular nombramiento. Casos ha habido en que la terna tuvo que ser rechazada por el Consejo General del Poder Judicial hasta dos veces, lo que no dice mucho a favor de los propuestos.

Los intereses partidistas harán el resto aprovechando “pro domo sua” esta lamentable situación. Basta leer los comentarios sobre la juez Alaya en los diferentes medios de comunicación. Los hay que celebran gozosamente la revocación de alguno de sus autos de imputación, generalmente sólo en solicitud de una mayor motivación, mientras que guardan silencio sobre los muchísimos que han ganado firmeza, entre ellos los referidos a decenas de personas, personajes o personajillos de la Junta de Andalucía o de su entorno. Y es que los sucesivos saqueos de fondos públicos de los eres, los cursos de formación y otros similares sólo se entienden a partir de una previa corrupción política a gran escala y facilitada por las innumerables subvenciones repartidas sin el menor control entre correligionarios, parientes y amigos.

Una corrupción de tales proporciones no se genera de la noche a la mañana. Su existencia era un secreto a voces, pero se silenció por temor o porque se participaba o esperaba participar en tan generosa rebatiña. También conocíamos el lamentable estado de la Justicia, aunque nada se hiciera para corregirlo. Alguien sabrá el por qué o lo sospechará conforme a la pregunta latina “quo prodes”. Dicho en castellano, ¿a quiénes interesaba que, llegado el momento, los Tribunales de Justicia tropezaran con dificultades casi insalvables para juzgar y condenar a los culpables?