El futuro de Bolinaga

La libertad condicional es el último grado de un tratamiento penitenciario que tiene por objeto la reeducación y reinserción social del delincuente. Ocurre, sin embargo, que en el caso de que los penados sean “enfermos muy graves, con padecimientos incurables” -son las palabras del texto original del artículo 92 del vigente Código Penal de 1995- cabe poner estas circunstancias por encima del tratamiento para que, renunciando al mismo, el reo pueda morir fuera de la cárcel. De todas formas, se seguía exigiendo la previa clasificación en tercer grado como garantía de que el penado había avanzado considerablemente hacia la resocialización. En realidad, sólo se dispensaba el requisito de haber cumplido ya las tres cuartas o las dos terceras partes de la pena, según los diferentes supuestos.

Hubo, no obstante, jueces de vigilancia que optaron, sin oposición alguna del fiscal, por clasificar al reo automáticamente en tercer grado como simple trámite para conceder la libertad condicional en ese mismo auto. Luego, la Ley Orgánica 15/2003 vino a legalizar tal práctica, pero únicamente en el caso de que “el peligro para la vida del interno, a causa de la enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario”.

El trato recibido en esta cuestión por el etarra Bolinaga, guardián del zulo donde estaba enterrado en vida el funcionario de prisiones Ortega Lara, es bien conocido. Se buscaron otros informes y, además, en el País Vasco, donde las presiones ambientales en un determinado sentido siempre serían mayores que, por ejemplo, en Madrid. Nadie puede quejarse si muchos españoles, y no sólo las víctimas directas del terrorismo, sospechan que la excarcelación estaba prevista de antemano y el expediente se limitó a “vestir la muñeca”, dicho en términos coloquiales. El paso del tiempo, casi dos años, se ha encargado de ir reforzando después la sensación de que aquí se ha jugado con cartas marcadas. No sería la primera vez en relación con un terrorista etarra.

Ahí está el antecedente casi olvidado de la excarcelación del asesino múltiple De Juan Chaos. El establecimiento penitenciario envió un buen día al Ministerio del Interior su propuesta en ese sentido, mezclando el tratamiento penitenciario y el tratamiento médico. Pues bien, ese mismo día el Ministerio la hizo suya y la remitió al juez de vigilancia. Ese mismo día el juez de vigilancia solicitó el informe del fiscal. Ese mismo día el fiscal lo emitió en sentido favorable. Ese mismo día se lo comunicó al juez. Y ese mismo día -o al siguiente para no equivocarme- el juez de vigilancia acordó la libertad del terrorista. ¡Y aún dicen que la justicia es lenta!

La constatación oficial de que un destacado delincuente tiene los días contados suele ser en España la mejor garantía de que la cuenta será larga. Ahí tenemos al general Armada, cabecilla del 23-F con el general Milans del Bosch y el teniente coronel Tejero. A diferencia de estos otros dos condenados, obtuvo el indulto por razones de salud cuando sólo había cumplido unos meses de su condena de treinta años. Eso le permitió dedicarse durante treinta años, más o menos, al cultivo de camelias en su pazo gallego en lugar de soportar el régimen carcelario.

Pero el protagonista de este artículo es Bolinaga y con Bolinaga procede continuar. Ahora se ha decretado su prisión provisional atenuada, o domiciliaria, como posible autor de un asesinato o varios (no lo sé exactamente) en el año 1987. Con algún retraso, ciertamente, porque las declaraciones inculpatorias de otros etarras de aquel entonces se traspapelaron. No sabemos si alguien responderá por ello pero estamos acostumbrados a que nada ocurra finalmente. Ahora veremos si el buen hombre no se beneficia con la prescripción de unos delitos de terrorismo que hasta la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010 prescribían como cualquier otro. O sea, que ya ni siquiera sería asesino gracias a la presunción de inocencia.

La prisión provisional, atenuada o no, por hechos aún no juzgados incide sobre el cumplimiento de las penas que esa persona esté cumpliendo. Con dicha medida cautelar no se trata de resocializar al reo sino de asegurar la presencia del inculpado en el proceso y evitar la destrucción de pruebas. Aunque la clasificación penitenciaria le permitiese a Bolinaga obtener los correspondientes permisos de salida, la prisión provisional le impediría disfrutarlos sin el consentimiento del juez de instrucción. Bolinaga ya no podrá pasearse por su pueblo y tomar unas copas con sus amigos en la taberna que le plazca, pues la prisión provisional domiciliaria sólo le permite salir de casa para someterse al tratamiento como enfermo de cáncer.

El culebrón de la excarcelación de este cualificado terrorista puede tener aún varios capítulos. Es un triste relato que hubiera debido evitarse, y con él la crítica a nuestras instituciones, si dispusiésemos de hospitales penitenciarios -¿o los tenemos ya?- para que puedan morir dignamente en ellos los asesinos impenitentes y otros reos de delitos muy graves. Eso, con independencia de que la libertad condicional de Bolinaga se haya revelado como, al menos, un error de pronóstico a partir de otro error a la hora de buscar informes distintos a los legalmente previstos.

1 comentario
  1. Ciudadano says:

    No era concenso previo, era espíritu de consenso y ganas de consensuar.
    Saludos

Los comentarios están desactivados.