El terrorismo y los fuegos de artificio

El Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría una propuesta de UPyD, pactada con el PP y apoyada por el PSOE, para que la Corte Penal Internacional considere los delitos de terrorismo como crímenes contra la humanidad, lo que evitaría su prescripción. Lástima que la iniciativa, muy razonable sobre el papel, no sea tanto si se examina con algún detenimiento.

Nuestros delitos de terrorismo, que deben ser los que más nos preocupen, no prescribirían si esa hubiera sido la voluntad del legislador español en algún momento desde que empezaron los asesinatos etarras hasta hoy. Nada se hizo, sin embargo, como nada se hizo tampoco para prevenir las escandalosas excarcelaciones que la muy endeble doctrina Parot trató de impedir demasiado tarde. Ahora, aunque a escala menor, volvemos a tirar balones fuera en un problema mal resuelto por culpa exclusivamente nuestra.

El Código Penal de 1995, promulgado cuando el terrorismo todavía arreciaba en España, se abstuvo de proclamar la imprescriptibilidad de tales delitos, quizás como una manifestación más de un trasnochado “buenismo” ideológico que nos pondría a la cabeza del mundo mundial. Eso sí, como consecuencia de nuestros compromisos internacionales se declaró imprescriptible el delito de genocidio. Luego, con la Ley Orgánica 15/2003, la imprescriptibilidad se extendió a los delitos de lesa humanidad y a los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto internacional, dos supuestos mucho más alejados de nuestras preocupaciones reales que los asesinatos etarras.

Sólo con la Ley Orgánica 5/2010, cuando ya los llamados “años de plomo” eran un recuerdo, se extendió la imprescriptibilidad a “los delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona”. Nadie se molestó en explicar por qué se había tardado tanto en dar ese paso ni por qué seguía habiendo delitos de terrorismo acogidos a la prescripción.

Desgraciadamente, las consecuencias de ese mirar hacia otro lado de nuestros legisladores durante tantos años no se corrigen ahora con estas iniciativas para que la Corte Penal Internacional amplíe sus competencias. Primero, porque una reforma de tan hondo calado habría de contar con el asentimiento de todos los Estados Miembros. Segundo, porque la Corte sólo conocería de esos delitos si se hubieran cometido después de la entrada en vigor de la reforma, o sea, a partir de una fecha todavía muy lejana. Y tercero, porque su jurisdicción es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales y de los más graves delitos de terrorismo ya se ocupa la Audiencia Nacional si hubiera resultado de muerte.

La materia no se presta a los fuegos artificiales. Los delitos de terrorismo anteriores a 2010 prescriben en España porque así lo quisimos nosotros. Y lo mismo ocurre desde entonces, por idéntica razón, con los que no costaron la vida de ninguna persona. Además, la imprescriptibilidad generalizada del terrorismo en el Estatuto de Roma se retrasaría “ad calendas graecas” y, en todo caso, carecería de efectos retroactivos. Para corregir, aunque sea tardía y mínimamente nuestra desidia en esta materia, lo mejor sería que nuestro Código Penal declarase, cuanto antes mejor, la imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo. Y tampoco vendría mal algún golpe de pecho, ahora que lo de pedir perdón se ha puesto de moda.