¿Transferencias penitenciarias al País Vasco?

El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 prevé el traspaso de competencias penitenciarias a favor de esa Comunidad Autónoma. Puede sorprender que tal disposición no se haya desarrollado todavía, a diferencia de lo ocurrido con Cataluña, pero quizás el Gobierno Vasco no quisiese complicarse la vida cuando los asesinatos terroristas estaban a la orden del día. De otro lado, el nacionalismo no gozaba entonces de una posición tan desahogada como ahora para gobernar sin el apoyo del PP o del PSOE, partidos ambos cuyo respaldo popular ha disminuido considerablemente por aquellas tierras.

La manifestación de Bilbao, apoyando el traslado de los presos vascos a Euskadi, escenifica la incorporación del PNV al amplio bloque político que parte del comunicado de Durango para demandar una normalización penitenciaria no sólo en cuanto a la aproximación de los presos a sus lugares de origen sino también en las progresiones de grado hasta la libertad condicional. Se abre así un horizonte nuevo en el tema de las transferencias.

De realizarse aquéllas, la clasificación de los internos en segundo grado, con la consiguiente posibilidad del disfrute de hasta 36 días de permisos de salida al año, correspondería en principio a las autoridades penitenciarias del País Vasco, ya que la autorización del juez de vigilancia sólo se requiere para los superiores a dos días. Recuérdese también que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece requisitos temporales para el acceso al tercer grado o la libertad condicional, pero no para el segundo grado. El primer grado, con el régimen cerrado como complemento, sería algo residual para fanáticos incorregibles.

Pero es que, además, el artículo 117 del vigente Reglamento Penitenciario de 1996 regula, a espaldas de la Ley Orgánica General Penitenciaria, unos programas especiales para los penados en segundo grado con salidas diarias de hasta ocho horas. O sea, que veríamos pronto por las calles de las poblaciones vascas a estos asesinos, tal y como el nacionalismo radical desea para que su particular proceso de paz llegue a feliz término. Los daños a la justicia y el agravio a las víctimas directas del terror no serían sino los inevitables efectos colaterales de todo conflicto armado.

En todo caso, las transferencias tropezarían con algunos problemas como, precisamente, el de los etarras condenados por la Audiencia Nacional. Es obvio que el Gobierno vasco insistiría en que también entonces las penas se cumpliesen cerca de donde se cometió el delito o del lugar de procedencia del reo. El futuro de los presos etarras puede llenar aún varios capítulos y los políticos deben evitar fiascos como el de la doctrina Parot. El voluntarismo conduce inexorablemente al fracaso cuando tropieza con el ordenamiento jurídico o ignora las circunstancias objetivas del problema. Más acertado y perfectamente ajustado a nuestro ordenamiento penitenciario hubiera sido evitar las escandalosas excarcelaciones de De Juana Chaos y Bolinaga. Se acordaron deprisa, corriendo y con pretendidas razones que el tiempo ha dejado en pretextos.

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