La Audiencia Nacional como Tribunal Internacional Penal

La reciente orden internacional para la busca y captura de un expresidente de la República Popular China y de otros destacados compatriotas es una consecuencia de la pintoresca legislación española que, condicionada por nuestro peculiar complejo de ser los primeros del mundo mundial en cualquier cosa, nos ha colocado en una situación tan insostenible como ridícula. Una cosa es que nuestros tribunales persigan algunos delitos perpetrados contra españoles en el extranjero o ciertos delitos cometidos por españoles fuera de España, y otra atribuirnos por nuestra propia y exclusiva cuenta una jurisdicción internacional para corregir entuertos allá donde nos parezca procedente.

Nadie puede creer que el expresidente chino, al menos mientras que el régimen de su país siga siendo el que es, se siente un buen día en el banquillo de los acusados de nuestra Audiencia Nacional (el lector ha leído bien: nacional), actuando en sus ratos libres como Tribunal Universal porque así lo hemos decidido los propios españoles. De hecho, estas diligencias se iniciaron allá por el 2006 o el 2008, de forma que bastaría con los efectos del tiempo para que todo quedase en nada. Mientras tanto, nuestra economía, con un importante porcentaje de deuda pública en poder de la República Popular China, sufriría las consecuencias cuando, precisamente, la marca España pretende afianzarse en el mercado de ese inmenso país. Los idealistas estamos siempre dispuestos a sacrificar nuestros intereses materiales. Como el ilustre hidalgo Don Quijote de La Mancha.

Somos tan nuestros, por no decir otra cosa, que la propia Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma sobraría si potenciáramos debidamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sería también mucho más eficaz porque para ejercer sus competencias no necesita la previa adhesión de ningún país a un tratado multilateral. Quiere decirse que quienes son ajenos al Estatuto de Roma han de asumir, les guste o no, nuestra competencia para perseguir a quienes consideremos posibles reos de genocidio u otros cualificados delitos internacionales. Naturalmente, ya nos encargamos nosotros de ir sólo contra jerifaltes caídos en desgracia, como Pinochet, o personajillos de segunda o tercera fila. El expresidente chino ha sido una tardía excepción.

Convendría preguntarse la razón por la que países más fuertes y ricos que España, y tan defensores al menos de la democracia y de los derechos humanos como nosotros, no nos acompañan en esta empresa. Nuestra legislación no tiene parangón alguno en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o, sospecho, en cualquier otro país. No consta que hayamos tenido que disputar a nadie la competencia para asumir estas causas. Tampoco parece que ningún juez de Letonia o Costa Rica haya intentado juzgar a los responsables de los asesinatos de Paracuellos o de la plaza de toros de Badajoz durante nuestra Guerra Civil, o a los de la persecución religiosa o la represión contra los comunistas.

Oswald Spengler escribió en su “Decadencia de Occidente” que la defensa de la civilización depende en último término de un pelotón de soldados. Puede ser, pero de ahí no se deriva que un pelotón de magistrados de la Audiencia Nacional pueda y deba asumir la pesada carga de una Justicia Universal que llega hasta donde no lo hace siquiera la Corte Internacional Penal del Estatuto de Roma. Si la Audiencia Nacional ha podido ejercer en alguna medida sus competencias internacionales ha sido por seleccionar sólo algunos casos o dejarlos aparcados en algún cajón, como venía ocurriendo con la querella por el genocidio del Tibet.

¿Se imagina alguien un proceso en Madrid por las bombas atómicas arrojadas sobre Hirosima y Nagasaki? ¿O por un posible genocidio a la vista de los asentamientos en Palestina y las condiciones a que están sometidos sus habitantes? ¿O por la conducta del presidente Putin en los sucesos del Cáucaso? Debemos ser mínimamente serios y derogar cuanto antes esta insostenible legislación. No hace falta aducir para ello, aunque sea importante, lo que su completa aplicación supondría en términos económicos, sobre todo porque nuestra justicia es ya de por sí muy lenta y sus juicios, en particular los referidos a la corrupción, se eternizan.

Pero la última perla de nuestra competencia internacional ha sido la resolución de la Sala de lo Penal, y no del juez de instrucción que se ha limitado a cumplirla, dando esta campanada después de muchos años y cuando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar estas piruetas se encuentra en su tramo final. A la cita de Cervantes y de Spengler podría añadirse la del Gallo de Morón.

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