Un delito bien visto: la malversación

Repitámoslo. Los asesinos terroristas en serie han salido de la cárcel sin el menor atisbo de resocialización porque el pomposamente llamado Código de la Democracia de 1995 así lo quiso al prescindir de la prisión perpetua revisable. Tampoco hay para ellos un posterior internamiento de seguridad, como en otros países, seguramente por eso del progresismo. Y ni siquiera se les puede someter a vigilancia porque la correspondiente medida de seguridad no se introdujo en aquel Código hasta el año 2010.

Pero el desarme frente a otras formas de delincuencia no acabó ahí. Valga otro botón de muestra. El Proyecto de reforma del Código Penal actualmente en el Congreso de los Diputados pretende con algunos lustros de retraso elevar de 13 a 16 años la edad para ser víctima de abusos y agresiones sexuales aunque no haya violencia, intimidación o engaño. Los ejemplos de “angelismo” jurídico penal podrían multiplicarse, pero ahora, con la corrupción como gangrena nacional, lo procedente es señalar lo ocurrido en su día con la malversación y la falta de propósito de enmienda en este mismo Proyecto.

Dese el Código Penal de 1848 hasta el de 1995 se castigaban dos formas básicas de malversación. En una, la autoridad o el funcionario se quedaba con los dineros públicos o los destinaba a usos totalmente ajenos a la función pública, mientras que en la otra aquellos caudales se destinaban a atenciones que, aunque públicas también, no serían las previstas para esa partida en el presupuesto. La primera se conservó en el Código Penal de 1995, pero la segunda desapareció so pretexto de que tales conductas sólo merecerían una sanción administrativa.

Los muchos casos de corrupción ocurridos desde entonces con los fondos públicos en la Administración del Estado, en la Autonómica y en la Local son consecuencia directa de esa descriminalización. El error fue no reparar en que la vía sancionadora administrativa, eficaz tal vez en los escalones inferiores de las Administraciones es por completo inoperante cuando el cambio de destino de los dineros públicos se decide al más alto nivel, con un ministro, por ejemplo, como autor del desvío. Sería interesante saber si tales prácticas, más o menos habituales a lo largo de los últimos años, han sido sancionadas administrativamente en alguna ocasión, pese a que por ellas ha transitado buena parte de la corrupción hoy poco menos que institucionalizada a la sombra de los poderes públicos.

Pues bien, resulta que, siendo esto así, como lamentablemente lo es, el nuevo Proyecto no sólo no eleva las penas de la malversación que sigue castigada penalmente, y que no se corresponden con la relevancia social de tales hechos, sino que se abstiene de reintroducir en el Código Penal la malversación por cambio de destino de los dineros públicos. Hoy no es delito gastar en el viaje de una comisión ministerial al otro extremo del mundo o en la celebración de un congreso el dinero disponible para reparar una carretera.

Por cierto, puestos a señalar lo que el Código Penal de 1995 ha supuesto como favorecedor de las prácticas corruptas a costa de esos dineros que según una ilustre ministra no eran de nadie, bueno es recordar que también se castigaba antes, aunque parece haberse olvidado, la malversación por simple negligencia. ¡Qué cosas tenían nuestros ancestros!

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