La algarabía se hizo atronadora

Hemos dejado correr muchos años procurando no enterarnos de que la deriva independentista de Cataluña iba en serio ante la pasividad de los llamados a garantizar el respeto a la Constitución Española, a la legislación vigente y a las sentencias de nuestros Tribunales. Lo ocurrido con el uso y enseñanza del español es una prueba sonrojante de ello. Y el desprecio hacia la bandera de España por parte de algunas autoridades de aquella Comunidad Autónoma es otro. Nadie ha respondido nunca por ello. Incluso mencionar el artículo 155 de la Constitución era de mal gusto.

Así, tolerando la tergiversación de una historia convertida en adoctrinamiento político contra la unidad de España, haciendo dejación de autoridad y mirando para otro lado, hemos recorrido un largo trecho desde la muy mayoritaria aprobación de nuestra Carta Magna en Cataluña hasta la crítica situación actual. Sólo tras fijarse solemnemente la fecha de la consulta independentista a finales del año próximo -no vale la pena entretenerse con lo del derecho a decidir- hemos oído asegurar al Presidente del Gobierno que aquella no se celebrará en ningún caso. Quizás demasiado tarde. Y ni una palabra sobre lo que se hará si sigue adelante el procedimiento anunciado a bombo y platillo.

Las claudicaciones parciales suelen ser el preludio de la claudicación total y eso vale también en este caso. Según los nazis -y perdón por la cita- quien, más o menos coaccionado, acaba diciendo A, recorrerá después todo el abecedario. Los comunistas hablan del viento de la Historia. Nuestro trancredismo político ha hecho que muchos de los ciudadanos que se sienten españoles procuren, por si acaso, no significarse peligrosamente.

Sorprende la pasividad de las instituciones del Estado ante la promoción del independentismo con fondos públicos. No está claro que entre las competencias de la Generalidad -ahora también “Generalitat” en la versión castellana del nuevo Estatuto (es un detalle)- se encuentre la de respaldar una determinada opción política. Y menos cuando ésta pugna con la Constitución. Un partido, el que sea, puede postular la segregación de Cataluña, pero no la Generalidad o una entidad local. Se habla estos días de posibles delitos de usurpación de funciones y prevaricación, pero se olvida el delito de malversación si los caudales públicos se dedican a finalidades completamente ajenas a las competencias de la administración correspondiente. Claro que, de ser cierta esa desviación de fondos, los delincuentes serían muchos y muy destacados.

Sobre el autor de esta publicación