A vueltas con las excarcelaciones

Ya han corrido ríos de tinta sobre las excarcelaciones de peligrosísimos delincuentes una vez desautorizada la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero correrán aún más cuando algunos excarcelados reincidan en sus crímenes. Ese riesgo, mucho mayor con los violadores y asesinos sexuales que con los terroristas, se materializará antes o después, lo que volverá a cargarse en la cuenta de Estrasburgo. La culpa siempre es del prójimo, especialmente cuando los verdaderos responsables del desastre así lo proclaman en su propio interés. De ahí la conveniencia de insistir en algunas observaciones sobre las excarcelaciones de hoy y los nuevos crímenes mañana.

Repárese para empezar en que con una prisión perpetua revisable como tiene la mayoría de las democracias europeas (el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza, etc.), el problema ni siquiera se hubiera planteado. Los peligrosos delincuentes seguirían en la cárcel mientras que su pronóstico de resocialización fuese desfavorable. La doctrina Parot, que fue un intento de prolongar la permanencia en prisión de aquellos delincuentes, sólo habría retrasado unos años lo que ahora está ocurriendo. No pasaría de ser un parche.

Si al menos se hubiera suprimido la redención de penas por el trabajo a su debido tiempo, cuando el azote terrorista era más fuerte, sin esperar al Código Penal de 1995, ese beneficio no hubiera podido aplicarse a los delitos cometidos desde la transición democrática hasta la entrada en vigor del nuevo Código. Nada, pues, de abono de un día de prisión por cada dos de trabajo real o ficticio. Pero nada se hizo.

La libertad vigilada como medida de seguridad para los reos que, tras cumplir penas muy graves, continúen siendo un notorio peligro público, no se introdujo en nuestro Código Penal hasta la Ley Orgánica 5/2010, o sea, demasiado tarde y, además, de forma harto descafeinada. El seguimiento policial del que nos habla el Ministro del Interior es una simple muestra de voluntarismo inane. La violación y asesinato de un niño, por ejemplo, a mano de alguno de estos delincuentes sexuales es sólo cuestión de tiempo.

Y seguimos sin un internamiento de seguridad que, yendo más allá de la libertad vigilada, se aplique en aquellos supuestos en los que la peligrosidad del excarcelado así lo aconseje y justifique durante más o menos tiempo. Los Códigos Penales de Alemania, Austria, Suiza y otros países europeos pudieran servir de modelo, sin olvidar que esa medida ya existió en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, obra en buena parte del profesor socialista Jiménez de Asúa, y en la después derogada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. Aquí tenemos una muestra más de nuestro clamoroso desarme en la lucha contra las formas más graves de criminalidad.

Nada tiene que ver con la doctrina Parot la queja de que el autor de numerosos asesinatos sólo cumpla un año o poco más de prisión por cada uno de ellos. Nuestro vigente Código Penal, como los anteriores y a semejanza de lo que ocurre en el Derecho comparado, establece para el cumplimiento sucesivo de las penas una doble limitación, la del triplo de la duración de la mayor y la de un determinado número de años. Se trata de evitar que la suma de muchas infracciones penales de escasa importancia lleve a un encarcelamiento demasiado prolongado e incluso de por vida. Bien entendido que el cociente de la división entre los años de prisión y el número de asesinatos no se alteraría sustancialmente con la prisión perpetua. La vida del hombre es también limitada.

Por lo demás, poca responsabilidad puede tener el gobierno del PP en estas escandalosas excarcelaciones cuyas causas vienen de muy atrás. Se supone que, a lo sumo, habría tratado de influir en los tribunales a favor de la muy débil doctrina Parot y, naturalmente, no es culpa suya su corto recorrido. Puestos a buscar responsabilidades, consistirían éstas en que tampoco durante los dos últimos años se ha regulado el cumplimiento en España de estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito penal. La improvisación continúa siendo un distintivo de la marca España.

Y ahora resulta que los demócratas defensores a ultranza de la división de poderes reprochan al gobierno porque no coarta –dígase cómo- la actuación de nuestros tribunales tras el fiasco de Estrasburgo.

Sobre el autor de esta publicación