Catecismo penal y penitenciario (fragmento)

-P. ¿Es un escándalo la excarcelación de asesinos terroristas en serie a los quince o veinte años de prisión cuando no han dado la menor muestra de arrepentimiento?

-R. Sí. Es un escándalo y una vergüenza. Pero legal.

-P. ¿Y la salida de asesinos sexuales que siguen siendo un peligro, especialmente para los niños?

-R. Otro escándalo y otra vergüenza. Pero legal.

-P ¿Quiénes son los culpables de esta situación?

-R. Los políticos que, como legisladores, debieron prevenirla y evitarla.

-P. ¿Cuáles fueron sus pecados?

-R. El principal ha sido su rechazo de la prisión perpetua revisable, presente en los Códigos Penales del Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, Italia y un largo etcétera, lo mismo con mayorías de derechas que de izquierdas.

-P. ¿Cómo se explica tal postura cuando el terrorismo era en España un problema mucho mayor que en esos otros países de acrisolada democracia?

-R. Fue un pecado de soberbia. Salíamos de la dictadura franquista y algunos entendieron que así nos situábamos a la cabeza del mundo mundial progresista. Aún hay quienes siguen en sus trece.

-P. ¿Hubo algún otro pecado mortal?

-R. Sí. El de haber mantenido la redención de penas por el trabajo, una institución franquista desconocida en otros ordenamientos jurídicos, hasta la promulgación del vigente Código Penal de 1995. Sin efectos retroactivos, naturalmente.

-P. ¿En qué consiste dicho beneficio?

-R. Consiste en que dos días de trabajo equivalen a un día de prisión. Además, había una redención extraordinaria, compatible con la ordinaria. Sólo con la ordinaria, los treinta años de prisión se reducen a veinte.

-P. ¿Qué requisitos tiene ese beneficio?

-R. Basta con una buena o regular conducta carcelaria. Aquí no se valora ningún pronóstico resocializador.

-P. ¿Y si no hubiese trabajo en el centro penitenciario?

-R. Podría no haberlo, pero se concede de todas formas para no discriminar a los penados según el lugar donde cumplan sus condenas.

-P. ¿Cuál es el límite máximo de cumplimiento en las condenas acumuladas?

-R. Hasta una reforma del año 2003, que lo eleva a cuarenta años en algunos casos, de nuevo sin efectos retroactivos, el límite era de treinta años, el mismo de la pena para un único asesinato.

-P. ¿Qué pasa con las condenas a cientos y miles de años de prisión?

-R. Pues pasa que se opera “como si” las penas acumuladas se convirtieran en una sola de, a lo sumo, treinta o cuarenta años. Sobre tal pena única se aplicaban la reducción de penas por el trabajo y la libertad condicional. Esa era la pacífica y consolidada doctrina hasta ahora.

-P. Explique las razones.

-R. La primera es que habría que ser consecuente con aquella limitación temporal para que la redención de penas por el trabajo tuviera sentido. Por ejemplo, si hubiera diez penas de treinta años, la redención aplicada a cada una de ellas no afectaría al límite conjunto de la primera. Diez por veinte son doscientos.

-P. ¿Hay más argumentos para aquella interpretación?

-R. Sí, los hay. El sistema de individualización científica de muestra Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, con el tratamiento y la clasificación del interno como ejes, se refiere a éste como persona, sea cual fuere el número de las penas impuestas. No se puede acordar la libertad condicional en una pena para acordar después el reingreso del reo en el grado que corresponda para cumplir la siguiente.

-P. ¿Por qué esas citas de la libertad condicional?

-R. Porque, aunque esta sea todavía un grado en el propio cumplimiento de la pena, plantea problemas similares. El Reglamento Penitenciario dispone que entonces las diferentes penas se entenderán como una sola. Su silencio sobre la redención de penas por el trabajo se explica con el silencio de la LOGP sobre ese beneficio a extinguir.

-P. ¿Y la doctrina Parot?

-R. La doctrina Parot fue el bienintencionado intento de algunos jueces (hubo votos contrarios en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional) para impedir “in extremis” los escandalosos efectos de una deplorable legislación. Nadie puede sorprenderse de lo ocurrido en Estrasburgo. Se quiso conseguir con una novedosa y debilísima interpretación “ad hoc” lo que la irretroactividad legal en contra del reo no permitía. Hoy, porque los jueces españoles tienen que acatar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se les sitúa junto a los políticos como responsables de una situación que pudo y debió ser evitada. Por el legislador, claro.