La salud del Rey de España y las imprevisiones constitucionales y legales

Siempre que pueda permitírselo, ningún enfermo merece el menor reproche por operarse en la sanidad privada, en la pública, en España o en el extranjero. Ocurre como con el colegio de los hijos. Otra cosa es que haya de apechar con los inconvenientes colaterales de su decisión. Por ejemplo, los de una larga estancia fuera de España en relación con las funciones reales. No sería el rey Juan Carlos el primer Monarca o Presidente de una República intervenido quirúrgicamente en otro país. Lo primero es la salud personal y aquí las críticas suelen ser, aparte de mezquinas, sesgadamente políticas. Las preferencias republicanas o las ideas igualitarias son compatibles con el respeto absoluto a la libertad del Jefe del Estado para ser atendido dónde, cómo y por quién guste. En este caso, por un especialista, no ya de la medicina privada española, sino de la norteamericana, aunque se trate de un compatriota.

La salud del Rey de España tiene, sin embargo, una faceta institucional que no ha recibido la debida atención por la desidia de nuestros Poderes Legislativo y Ejecutivo desde que se promulgó la Constitución hasta hoy, treinta y cinco años más o menos. Me refiero en primer término a los requisitos, finalidades y consecuencias de la abdicación o la inhabilitación del Rey. No se ha promulgado la Ley Orgánica que según el art. 57.5 de la Constitución habría de resolver (sic) las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión de la Corona. Y tampoco se ha desarrollado convenientemente el art. 59.2 a propósito de la inhabilitación del Rey para el ejercicio de su cargo. Salvo el reconocimiento por las Cortes Generales, previsto en dicho precepto, el resto es oscuridad.

Una vez asentada la Monarquía en la Constitución de 1978, y reducida la alternativa republicana a poco más que una entelequia, dadas las muchas dificultades con que tropezaría la reforma de la Carta Magna en esa dirección, el legislador español optó por el descanso indefinido. Quizás no quisiese exponerse a las inevitables críticas que habría de soportar cualquier iniciativa. Tal vez, nuestro habitual “mañana, mañana” haya jugado de nuevo un papel importante. Y hasta es posible que los responsables políticos temieran molestar al Rey si se ocupasen de tan espinosas cuestiones. Lo ignoro, pero don Juan Carlos sabe desde niño que hay renuncias, abdicaciones, enfermedades y muerte. En España no sólo existe un panteón real sino también un “pudridero” desconocido en otras monarquías.

Según el art. 56.3 de la Constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, pero nada se nos dice sobre lo que ocurriría si esa persona abdicase y, consecuentemente, dejase de ser Rey. Más aún, ni siquiera está claro el alcance de aquellos privilegios, pues tanto pueden limitarse a la jurisdicción penal y a la administración sancionadora como extenderse -en opinión rechazada por muchos juristas, entre los que me encuentro- al ámbito civil, incluidas las relaciones familiares.

Las previsiones sobre el Regente en el art. 59 de la Constitución tampoco son muy satisfactorias. El Regente ejerce las funciones del Rey pero no es Rey. De ahí que su persona no sea inviolable ni irresponsable, lo que le coloca en una peor condición que la que tendría el Rey en la Jefatura del Estado. Pero lo más insólito, lo absolutamente inexplicable, es que ni siquiera estaría protegido por uno de esos aforamientos repartidos como la pedrea de la lotería nacional entre centenares de cargos políticos y administrativos. Para ennegrecer aún más este desolador panorama, resulta que el Regente no sería la única víctima de la pasividad del legislador. Ni la Reina ni el Príncipe de Asturias, piezas muy importantes en nuestro edificio constitucional, son personas aforadas o reciben atención especial en las leyes procesales. Hasta es posible su detención por una imprudencia en el tráfico viario.

España ha de afrontar con toda urgencia y antes de que sea definitivamente tarde las viejas cuestiones que, silenciadas durante tanto tiempo, hoy llaman a nuestra puerta. Necesitamos un Estatuto del Rey y de la Corona. Necesitamos cambios competenciales y procesales. Y necesitamos reformar la Constitución. En otro artículo nos ocuparemos de la imposibilidad de que el Príncipe de Asturias desempeñe por enfermedad de su padre las funciones que la Constitución atribuye exclusivamente al Rey.

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