Cataluña hoy

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la declaración del Parlamento de Barcelona de 23 de enero pasado que proclamó al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. Se discute el valor normativo del texto y, por consiguiente, la procedencia de someterlo a la decisión del Tribunal Constitucional. Para los nacionalistas se trata de la simple expresión de un pensamiento carente de efectos directos en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que mal podría pedirse su nulidad. Para el Gobierno español sería un desafío contra la Constitución Española y, como tal, recurrible. Esa es la cuestión que ha de resolver el Tribunal Constitucional en un plazo de cinco meses.

Yerran quienes confunden la suspensión de la disposición o resolución parlamentaria con su anulación definitiva. La admisión a trámite de la impugnación es un paso necesario para que pueda ser acogida, pero nada más. La suspensión no es entonces facultativa, sino obligada, por lo que poco significa para las previsiones en un sentido u otro. Sobre todo cuando el acuerdo del Tribunal Constitucional ha contado con ocho votos a favor y cuatro en contra, de modo que un tercio de los votantes ni siquiera consideró oportuno extenderse sobre el fondo de lo solicitado. Lo prudente es, en consecuencia, no dedicar mucho tiempo a los pronósticos.

Más importa preguntarse por las reacciones futuras del Gobierno de España más allá de recurrir al Tribunal Constitucional en este y otros supuestos relacionados con la deriva independentista de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Aun si el Tribunal Constitucional acogiera el presente recurso, nada se habrá ganado si, como ocurre con las sentencias sobre el bilingüismo, esta resolución tampoco se cumple. Los problemas no se resuelven, antes al contrario, si lo pronunciamientos judiciales quedan en papel mojado.

El Código Penal tipifica, entre otros delitos, los de desobediencia y malversación. En la Constitución hay, además, algunos artículos cuya sola mención se evita cuidadosamente, como si no existieran o no pudieran aplicarse en ningún caso. Las Comunidades Autónomas tienen unas funciones institucionales donde no caben los devaneos soberanistas, sin perjuicio de la actuación de los partidos políticos en su propio ámbito. Pero hemos aceptado el maridaje a costa de todos los contribuyentes. Así se las ponían a Fernando VII para que ganara jugando al billar.

El sentimiento español o al menos la manifestación del mismo disminuirán según crezca la creencia de que los Gobiernos de España no hacen todo lo necesario para cortar de raíz un proceso que, según se nos repite hasta la saciedad, es irreversible. O sea, que continuará como hasta ahora, paso a paso, porque el derecho de los catalanes a decidir estaría por encima de la Constitución y de las leyes. No sería la primera vez. El año 1934 el Gobierno de la República Española tuvo que sofocar, y lo hizo sin que le temblara el pulso, una declaración de independencia de Cataluña.