Los otros padres políticos de Artur Mas

No interesan aquí los padres biológicos y legítimos, según se decía antes, del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña u otros separatistas de pro, sino los padres políticos del independentismo catalán tal y como se nos presenta estos días. Una paternidad que corresponde a los grandes partidos que nos han gobernado desde la Transición y de modo muy especial a algunos de sus dirigentes. Después de que se introdujese en la Constitución a las “nacionalidades -por lo que sus signos, escudos y estructuras podrían calificarse de “nacionales-”, los catalanes la respaldaron ampliamente. Nadie podía imaginarse entonces que un líder de Convergencia i Unió acabaría exigiendo la independencia para mañana mismo.

Algo habremos hecho mal para llegar a esta situación. Pronto empezaron las concesiones para conseguir apoyos parlamentarios del partido bisagra por antonomasia. El PSOE y el PP se distraían con su particular contienda política mientras Convergencia i Unió avanzaba hacia un mayor distanciamiento del resto de España. No ha habido sorpresas sino una sucesión de claudicaciones presentadas, para tranquilizar al electorado, como simples muestras de buena voluntad en el marco de una España única pero plural. Se miró para otro lado cuando empezó la discriminación negativa del idioma común. Se permitió que las familias no pudieran escolarizar en lengua castellana a sus hijos. Y se consiente el incumplimiento de las sentencias dictadas por nuestros más altos tribunales para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental de las personas, algo irrenunciable en un Estado Democrático de Derecho.

Lo bonito era llamar “Generalitat” a la Generalidad (pese a que a la Generalidad se refería la versión castellana del Estatuto), izar en la Escuela Judicial de Barcelona las banderas de las “nacionalidades” y no de las restantes comunidades autónomas, y permitir que para la denominación de los órganos de la Administración del Estado, incluidos los tribunales, se haya llegado a utilizar exclusivamente el catalán (con sustitución a veces de la bandera española por la cuatribarrada). A la vista de todos se promociona el separatismo con dineros públicos y el respaldo oficial de una Comunidad Autónoma que es parte del Estado y cuyas competencias ninguna relación guardan con aquella opción política.

El anterior presidente Rodríguez Zapatero llegó a prometer “urbi et orbe” que aprobaría –él, detentador único de la última palabra- el nuevo Estatuto según saliese del Parlamento catalán. También proclamó que “la nación es un concepto discutido y discutible”, como si se debatiera un concepto doctrinal entre estudiantes de Derecho, y no lo que sea la Nación española en la Constitución de 1978 (y en todas las precedentes). El resto es bien sabido: ruptura de la promesa con la consiguiente pérdida de credibilidad del Gobierno de España, enojo de un nacionalismo defraudado, recortes ulteriores del nuevo texto por el Tribunal Constitucional, victimismo creciente en amplios sectores de la sociedad catalana, deriva de Convergencia i Unió hacia un soberanismo radical, fortalecimiento de Ezquerra Republicana como segundo o primer partido de la Comunidad Autónoma, multitudinaria marcha independentista (simple “algarabía” para el actual presidente Rajoy) y anuncio de un próximo referéndum separatista dentro o fuera de la legalidad. Y a preparar desde ahora la estructura del nuevo Estado.

Y en Madrid ¿qué? Pues abundantes signos de apaciguamiento que son siempre interpretados como pruebas de debilidad por las que no hay que dar siquiera las gracias. Un día se escenifica el vergonzoso sainete de dos andaluces, Chávez y Montilla, que se entienden en el Senado gracias a un intérprete. Otro, se guarda prudente silencio ante la injuria institucional al Rey, cuya imagen se oculta para que no empañe la formación del nuevo Gobierno separatista en dicha Comunidad. Y así, entre guiños de comprensión y complicidad, poniendo la otra mejilla e imitando al avestruz, hemos llegado al borde de una tragedia por la que al final no respondería nadie. Ni Urdangarin ni Bárcenas ni los ERE andaluces, ni los demás casos de la corrupción generalizada que nos ahoga, deben ocultar lo que está sucediendo en Cataluña más allá de sus escándalos económicos, tan parecidos a los del resto de España.

¿Y a qué viene esto ahora? Pues viene a cuento de que, precisamente ahora, Rajoy nos anuncia su buena disposición para mejorar las finanzas de esa Comunidad Autónoma. Se trataría de frenar el soberanismo, pero haciendo la vista gorda ante las embajadas catalanas y tolerando la construcción de otras estructuras de Estado a costa del resto de España, puesto que el dinero para todo ello no se crea de la nada sino que sólo cambia de bolsillo. Pan (o paz) para hoy y hambre (o independencia) para mañana. No se puede, o no se debe, negociar bajo chantaje. Y si se hace de tapadillo, peor. Un país moderno, próspero y democrático no tiene por qué renunciar ni al patriotismo ni, quizá en primer término, a la dignidad nacional.