El juez Castro

Las bien retribuidas fechorías del antiguo jugador de balonmano Iñaki Urdangarin no habrían sido posibles sin su matrimonio con la Infanta Cristina de Borbón y Grecia. Es al Duque de Palma, miembro de la Casa Real, al que se le abren las puertas y se le entregan los dineros públicos a cambio de nada, sólo por ser vos quien sois. Cuando sus andanzas llegan a oídos de Su Majestad, se le requiere para que oriente su vida en otra dirección. Aquí la manida presunción de inocencia no jugó ni podía jugar ningún papel. Pero los pecados del dinero crean hábito, como los del sexto mandamiento, según se nos decía en otros tiempos, y el personaje continuó enriqueciéndose con la descarada colaboración de numerosos personajes públicos.

Estos son los hechos que, al parecer, nadie discute. También consta que el Duque no estuvo detenido o preso ni un solo día pese a la gravedad de los hechos y al riesgo de ocultación de pruebas. El lector dirá si hubo discriminación positiva.

Las andanzas del Duque salpicaron a la Zarzuela y el Rey supo reaccionar como correspondía. Los españoles son iguales ante la ley –excepto el propio titular de la Monarquía, porque así lo establece la Constitución- y el polémico miembro de la Familia Real fue obligado a hacer mutis por el foro. La oveja negra desapareció de los actos protocolarios. Las cosas de palacio van despacio, especialmente en los palacios de justicia, pero el proceso siguió su curso con la única gran incógnita de la posible imputación de la Infanta Cristina. Y así llegamos al auto judicial del 3 de abril, recurrido de inmediato por el fiscal y pendiente ahora de lo que decida la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Se trata de saber si hubo una actuación de mutuo acuerdo o, al menos, conocida y consentida por quien se habría lucrado también con las ganancias del esposo.

Por desgracia, las reacciones han sido más políticas que jurídicas. Para unos, el juez únicamente pretendería satisfacer su vanidad o acabar con la Monarquía. Para otros, se limitaría a cumplir con su deber, aplicando la ley como considera correcto y cuidando escrupulosamente las formas. En mi opinión, acusar al juez de obrar por afán de protagonismo, según sostiene un parlamentario del PP, o por otros motivos inconfesables es un ataque apenas solapado a nuestro Estado de Derecho.

Tampoco han sido muy afortunadas las manifestaciones de sorpresa de la Casa Real por la imputación de la Infanta y su apoyo público al recurso del fiscal. Me temo que son muchos los españoles a los que la noticia no les ha cogido por sorpresa. Se comprende la reacción en el ámbito familiar, pero aquí el plano institucional queda peligrosamente próximo. Nada hay que objetar, por el contrario a las palabras del Príncipe de Asturias durante la entrega de despachos a la última promoción de jueces en Barcelona. Una crisis puede beneficiar a quien sabe gestionarla bien.

El auto del juez Castro, acertado o no, es perfectamente defendible. En primer lugar, porque no es cierto que las diligencias sean hoy las mismas que hace un año. Ha habido nuevas declaraciones y la documentación aportada después por Diego Torres no pierde importancia porque su goteo responda a unas u otras razones. Recuérdese, si hiciera falta, lo de Agamenón y su porquero. En segundo lugar, porque mal hubiera podido eludirse la citación de la Infanta, al menos como testigo o en relación con su posible responsabilidad civil como beneficiada por los delitos del Duque. En tercer lugar, porque también las actitudes pasivas pueden ser judicialmente relevantes. Y en último lugar, porque aquí se trata de la valoración provisional de unos indicios. Nada de procesamientos que nadie ha pedido ni de acusaciones o sobreseimientos prematuros en el presente estado de la instrucción criminal.

La valoración de los indicios no es tarea fácil pero, llegado el momento, los indicios convertidos en pruebas indiciarias durante el juicio oral pueden incluso llevar a una condena. Dejemos, pues, a los jueces que cumplan sus obligaciones con un conocimiento de causa y una imparcialidad mayores que las de un ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, que parece responsabilizar del deterioro de la marca España a los juzgadores y no a los maleantes (presuntos, naturalmente). Un poco más y nos fabricamos una conspiración republicanojudicial.

La Infanta Cristina no es víctima de una desigualdad de trato si se tiene en cuenta la imputación de treinta y tantas personas por el mero hecho de pertenecer al Consejo de Administración de Bankia. Hay un Fiscal General del Estado como garante de la legalidad. Y de la defensa de la Infanta se ocupa un prestigioso bufete jurídico con uno de los mejores penalistas de España, el catedrático Jesús María Silva Sánchez. Aunque algunos dicen que la citación de la Infanta sería estigmatizarla, quizá la sospecha de no haber sido imputada por su pertenencia a la Familia Real fuese peor. Pero eso pertenece ya a la Política y no al Derecho.