El incierto futuro de la doctrina Parot

La doctrina Parot ha sido declarada contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos por la Pequeña Sala del Tribunal de Estrasburgo. A partir de hoy, miércoles veinte de marzo, la Gran Sala estudiará el recurso del Gobierno de España contra aquella primera resolución que, no se olvide, fue adoptada por unanimidad. Actuó de ponente el ahora juez internacional Luis López Guerra que había sido Secretario de Estado de Justicia, en el Ministerio de la calle de San Bernardo, durante una etapa de gobierno socialista. Las posibilidades de que el recurso prospere son, desde esta perspectiva, más bien escasas.

La descalificación definitiva de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sólo sería un duro golpe para los jueces españoles, desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Tribunal Supremo, sino también un mazazo para buen parte de la población española y en particular para las víctimas directas del terrorismo etarra. Habría que excarcelar de inmediato a numerosos asesinos que serían desagraviados por los suyos con homenajes próximos a la apología del terrorismo. Por ejemplo, con una declaración en el Parlamento Vasco lamentando la persecución de esas personas más allá de lo permitido por la ley. La sentencia de Estrasburgo habría sido la constatación del emparejamiento, tantas veces denunciado por la izquierda abertzale, y no sólo por ella, entre los políticos y los jueces del Reino de España. Luego vendría la petición de indemnizaciones. Y el lector puede imaginarse algunos otros efectos.

Se comprenden la preocupación de las víctimas y de los españoles en general. También las presiones que probablemente se están ejerciendo sobre la Gran Sala para que revoque la sentencia. Nadie debe salir de la cárcel a los quince o dieciséis años cuando ha sido condenado a varios centenares como asesino múltiple. Pero las cosas no son, desgraciadamente, tan sencillas. Si la doctrina Parot fuese rechazada conforme a los principios del Derecho penal y el respeto a los derechos fundamentales de la persona, ello no sería responsabilidad del Tribunal de Estrasburgo, sino de los políticos españoles que dejaron pasar los años sin hacer por vía legislativa lo que tardíamente pretendió conseguir la doctrina Parot en sede judicial. No busquemos culpable fuera de casa. Habríamos sido nosotros mismos –es decir, nuestros dirigentes políticos- quienes por acción u omisión deberían responder de que el terrorismo etarra no se castigase como merece.

El autor de estas líneas se cuenta entre los pocos juristas que pronto llamaran la atención –también en este diario- sobre la escasa consistencia de aquella doctrina. Espero la decisión última de Estrasburgo con sentimientos encontrados. Creo, como jurista, que la doctrina Parot es errónea, pero me alegraría, como español, que los jueces internacionales opinaran de otra forma, dando por bueno el polémico cambio jurisprudencial.

El Código Penal de 1973, al igual que los anteriores y que el nuevo Código Penal de 1995, el de la Democracia, disponía que ningún reo, por muchas que fueran sus penas de prisión, cumpliera más de veinte años. Y con la redención de penas por el trabajo, dos días de trabajo equivalían a un día de cumplimiento, por no hablar de las redenciones extraordinarias. Pues bien, hasta el Código Penal de 1995 no se suprimió ese beneficio penitenciario del que, sin embargo, seguirían disfrutando los condenados por delitos anteriores. Las leyes penales no son retroactivas en contra del reo. Se mantuvo, además, el límite máximo de los veinte años. Cualquier jurista o ciudadano medianamente interesado en la cuestión sabía que los asesinos múltiples cumplirían sus penas demasiado pronto, pero triunfó el “muy largo me lo fiais”.

Lo malo es que, siguiendo con la literatura, “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”. Y un día estalló el escándalo, sin remedio ya por vía legislativa. Y entonces algunos jueces creyeron encontrar la solución interpretando -¡por primera vez!- que los beneficios penitenciarios, en general, y la redención de penas por el trabajo, en particular, debían aplicarse sobre la suma aritmética de todas las penas y no sobre aquella pena conjunta para el cumplimiento efectivo. O sea, que los terroristas etarras por delitos anteriores a 1995 habían podido disfrutar de la redención de penas por el trabajo, y seguirían haciéndolo, pero ahora resultaba que no les había servido de nada. Por mucho que se redima sobre una suma de, por ejemplo, trescientos años, nunca se obtendría la libertad sin haber cumplido veinte.

El cambio jurisprudencial no tuvo otro objeto que eludir la irretroactividad de las leyes penales. Algún preso podría quejarse ahora de que trabajó porque le engañaron. Y en eso estamos. Los efectos de la desautorización de la doctrina Parot serían muy graves pero, si así ocurriera, no habría que buscar a los culpables en Estrasburgo sino en Madrid, en las Cortes Generales, que es donde se hacen o dejan de hacer las leyes. La elevación de la pena conjunta hasta los cuarenta años en casos excepcionales llegó también demasiado tarde, porque hubo que esperar, de nuevo sin retroactividad, hasta la Ley Orgánica 7/2003. Con un poquito más de previsión en la materia nos habríamos evitado la preocupación de estos días. Ocurra lo que ocurra con la doctrina Parot, es evidente que con la prisión perpetua revisable, aceptada en toda Europa, habríamos resuelto el problema. Es este discutible atajo el que nos ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.