Mareando la perdiz

La corrupción política no se combate con bellas palabras, frases rimbombantes, promesas de escaso valor y entrecejos fruncidos, sino con hechos. Decir que se hará lo que haga falta, que se sabe lo que se tiene que hacer y que no habrá, en su caso, temblores de pulso, de poco sirve. Tampoco es cierto que la lucha contra la corrupción en la propia casa dependa en mayor o menor medida de que se alcance un acuerdo con otra comunidad de vecinos. Bastaría con enterarse de lo que ocurre a nuestro alrededor y obrar en consecuencia. Algunas prácticas podrían corregirse dentro del propio partido pero las delictivas deberían ser denunciadas ante los tribunales.

Puestos a hacer algo en serio, ahí van, de menos a más, algunas sugerencias:

1ª. Llevar al Código Penal, respecto a los delitos de corrupción (una vez identificados por eso de la seguridad jurídica), la infracción del deber de denunciar que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público”. La infracción sólo se castiga hoy con una multa de 125 a 250 pesetas (sic), que el legislador no se ha molestado siquiera en traducir a euros, pero se supone que los líderes políticos habrían de dar ejemplo. Sorprende -¿o no?- que tales denuncias sean “rara avis” dentro de cada partido. Sus dirigentes siempre son los últimos en enterarse.

2ª. Incluir en el artículo 451 del Código Penal el encubrimiento de los delitos de corrupción.

3ª. Tipificar de nuevo el delito de malversación impropia, que consiste en dar a los dineros públicos una aplicación que, aunque pública también, fuera distinta de aquella a que estuvieren destinados. Se recogía en el Código Penal de 1848 y en todos los posteriores hasta que desapareció -no se sabe el porqué pero se sospecha- en el Código Penal de 1995. Como quien no quiere la cosa, se facilitaron los chanchullos impunes puesto que las responsabilidades administrativas mal pueden exigirse en las alturas del Poder. Lástima que tampoco hayamos aprendido nada a lo largo de estos últimos 17 años de corrupción al por mayor. Llevamos veintitantas reformas sin que nadie se haya acordado de un precepto que hoy necesitamos más que nunca. Tampoco, casualmente, los autores del actual Anteproyecto de Reforma del Código Penal.

O sea, que no hay delito si el dinero previsto para arreglar carreteras se emplea en pagar a precio de oro un informe de cuatro folios sobre cualquier cosa o el cuadro de un amigo para decorar alguna dependencia ministerial.

4ª. Aumentar las penas por cohecho y otros delitos en los que la corrupción suele concretarse, de manera que sus responsables entren en la cárcel como ocurre con los mangantes que van por libre. Reestructurar, por ejemplo, los delitos de malversación como societarios o de administración desleal, como hace el Anteproyecto para que su penalidad quede igual que antes o se reduzca todavía más, es emular al Marqués de Lampedusa, o distraer al personal.

5ª. Terminar con la intromisión de los políticos en la Justicia. Los ocho jueces o magistrados del Consejo General del Poder Judicial deben ser propuestos al Rey por elección libre y directa entre todos los que se encuentren en servicio activo, sin filtros o selecciones parlamentarias. Bastaría con reformar en ese sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero se prefiere maquillar levemente el sistema implantado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, cuyos penosos resultados son objeto de generalizada crítica por atentar contra la división de poderes.

Y 6ª. Dotar de medios suficientes a unos juzgados y tribunales que ya hoy son incapaces de resolver en tiempo razonable los casos a los que han de dar respuesta, empezando por los de corrupción. Su colapso sería total con la multiplicación de denuncias. No hay que hacerse ilusiones a corto y medio plazo, en expresión muy del gusto de los políticos. La debilitación de la Justicia en provecho, sobre todo, de ciertos colectivos ha sido una tarea larga cuyos efectos no se corrigen fácilmente. Y claro, entra en el terreno del desvarío pedir que haya equipos de jueces, y no sólo un juez de apoyo, para enfrentarse a los mejores bufetes del país en latrocinios tan complejos como los del caso Gürtel o los ERES andaluces.

Nuestra Justicia, empezando por las leyes, siguiendo por su aplicación judicial y terminando con una ejecución penitenciaria sometida a criterios políticos (ahí están, por ejemplo, los enfermos terminales De Juana Chaos y Bolinaga, ambos muy mejorados desde su excarcelación) es más que un cachondeo, como decía el alcalde Pacheco, una entelequia. Y puede empeorar aún si la instrucción de las causas penales deja de encomendarse a unos jueces independientes para confiarla a unos fiscales jerarquizados bajo un fiscal general que el Gobierno nombra y cesa a discreción.

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