Réquiem por una monja

Ha muerto a los 80 años sor María, monja de las Hermanas de la Caridad. Estaba imputada en dos diligencias penales por robo de niños recién nacidos. Su edad y algunos problemas de salud habían impedido ya su última comparecencia ante el juez. Ha ocurrido lo que era fácilmente previsible. Nunca llegaría a sentarse en el banquillo y nunca jamás -valga la redundancia- llegaría a ser condenada en firme. Ni siquiera hubo tiempo de llegar a la acusación formal para la apertura del juicio propiamente dicho. Luego vendrían los recursos. Y el emblema de la justicia española no es la liebre sino la tortuga.

No sabemos qué pasará con las demás denuncias por esos robos de niños en años más o menos remotos, pero cabe temer que se insista en la instrumentalización del proceso penal, no buscando tanto la condena de un delincuente como la obtención de respuestas seguras sobre la paternidad o maternidad biológicas de determinadas personas. Aspiraciones muy respetables pero que por el tiempo transcurrido no llevarán a nadie hasta la cárcel.

Lo ocurrido con los niños robados tiene por desgracia un precedente. Las actuaciones del juez Garzón, exhumando cadáveres de la guerra civil o de la postguerra, tropezaban con la Ley de Amnistía y se referían a crímenes que estarían prescritos. Así, la mucha energía procesal y el coste económico de la causa para nada sirvieron, al menos en el ámbito penal. Y la justicia española no anda sobrada de unos medios que bien podrían dedicarse a perseguir otros delitos. La cita de los escándalos de corrupción institucional que se tramitan a fuego lento sería, por ejemplo, muy larga. No es exagerado afirmar que ahí radica la principal razón de que la mayoría de los grandes corruptos y corruptores nunca conozca una prisión por dentro.

Hablar del “robo” de niños no es jurídicamente correcto aunque se sepa lo que se quiere decir. Si que habría habido delitos de falsedad documental y suposición de parto (a favor de una mujer que no sería la madre biológica), pero prescritos desde hace tiempo. La discutible novedad consiste en añadir la existencia de una detención ilegal que, aun consumada en aquel entonces, seguiría cometiéndose como permanente hasta que la víctima recobrase su libertad. Su plazo prescriptorio no habría empezado siquiera a correr y, por la conexidad, tampoco los de las otras infracciones penales.

El razonamiento es muy endeble. Sorprende, en primer lugar, que a lo largo de más de siglo y medio de jurisprudencia no se haya apreciado nunca, junto a la falsedad documental y a la suposición de parto, la detención ilegal del recién nacido. Luego resulta que, en cualquier caso, mal puede continuar detenido aquel cuya libertad ambulatoria ya no depende de nadie por haber alcanzado la mayoría de edad. Los hechos atribuidos a sor María se remontan a 1981 y la prescripción de la detención ilegal se produce a los diez años. Convendría contar en adelante con la edad del presunto culpable para saber si estamos o no perdiendo el tiempo. Y aun queda la incógnita de cuál sería la doctrina del Tribunal Supremo si tuviera que resolver un día bastante lejano el recurso de casación contra la condena de un nonagenario.

La única pena que por ahora podía sufrir sor María, amparada por la presunción de inocencia, era la de banquillo o prebanquillo. La misma que venía cumpliendo hasta el día de su muerte. No se niega en modo alguno la realidad y relativa frecuencia de aquellas componendas delictivas ni se entra en la culpabilidad o inocencia de sor María. Sólo se quiere recordar que España es un Estado de Derecho y que el Derecho penal tiene sus limitaciones.

Sobre el autor de esta publicación